República Dominicana es uno de los países marcados en color rojo como modelo de un territorio en el que atenta contra los derechos de libertad de prensa, según el informe semanal sobre el estado de libertad de prensa en las Américas presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
De acuerdo al informe, en el Congreso Nacional se elude la ley de libre acceso a la información, un ejemplo de esto es que cuando este medio solicita información en el Senado o la Cámara de Diputados, los datos son escasos, por lo que se restringe los derechos constitucionales y las leyes de acceso a la información pública. En tanto, el color marcado denota al país en el que no se puede ejercer esa libertad.
Otro que fue colocado con el tono similar, es Ecuador, por mal estado para ejercer la libertad de expresión, pero terminó la semana con un naranja leve en torno al revuelo por la Nueva Ley de Comunicación que busca implantar la censura previa y promover la autocensura.
En el mimo orden Brasil se volvió a mostrar en rojo y naranja producto de que la justicia brasileña sentenciaba a los tres sospechosos por el asesinato en junio del periodista británico Dom Phillips y el experto en asuntos indígenas Bruno Pereira.
En México, a pesar de sus tonos más claros que la semana pasada, sigue sufriendo ataques a sus periodistas. La semana pasada, Colombia y Costa Rica mostrabana una mejoría.
A diferencia de estos, Paraguay fue esta semana el país con mejor clima para ejercer la libertad de expresión. Este informe se publica por los datos recopilados del SIP Bot, herramienta de monitoreo en tiempo real basado basada en en Anteligencia Artificial (IA).
Derecho al libre ejercicio
Un principio
La libertad de prensa es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerza libremente.
Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Esto implica la prohibición de la censura previa. Su preservación puede obtenerse a través de protecciones constitucionales.
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