El siete de julio del año pasado Haití fue sacudido con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, un golpe sumamente sensible que dejó acéfalo a un país con varios años sumergido en una profunda crisis.
Y, para agudizar aún más los problemas, la sucesión del fallecido jefe del Estado haitiano estaba en duda. Por un lado estaba Claude Joseph, que en ese entonces era el canciller y el primer ministro interino de la nación desde abril de 2021.
Del otro estaba Ariel Henry, quien fue designado como el primer ministro haitiano por Moïse un día antes de su asesinato. Por casi dos semanas ambos defendieron sus reclamos de poder hasta que Joseph cedió el puesto a Henry, quien gozaba amplio apoyo de la comunidad internacional.
A pesar de esto, muchas de las problemáticas que afectaron a Moïse durante su mandato empeoraron tras su muerte, siendo un ejemplo claro el incremento de los secuestros.
“Aunque los secuestros han azotado a Haití durante años, el poder y la impunidad de las pandillas ha exhibido un marcado crecimiento desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021”, leía parte de un informe de la organización especializada en actividad del crimen organizado en América Latina, InSight Crime.
Tal ha sido el aumento de raptos que, de acuerdo con informes de la Unidad de Observación de la Delincuencia (COC) del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), en el primer trimestre del 2022 aumentaron en 44.8 %, en comparación con los tres meses iniciales del año pasado.
Sin embargo, estas cifras sólo se han incrementado puesto que, de manera individual, en los meses mayo y junio del presente año han ocurrido más secuestros que los 142 cometidos en el primer trimestre del año pasado, con 188 y 155 respectivamente.
Inseguridad alimentaria
A pocas semanas de que a Moise lo asesinaran en su hogar, la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) publicó un reporte en el que afirmaban que alrededor de 4.4 millones de haitianos estaban en situación de inseguridad alimentaria.
Asimismo, en ese documento la CNSA indicó que cerca del 12% de la población estaba clasificada en fase de emergencia, la más grave por debajo de la hambruna, y otro 34 % en fase de crisis.
Esta situación se agravó un poco más tras el magnicidio, ya que a finales del pasado mes de marzo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) reveló que, según sus investigaciones, unos 4.5 millones de ciudadanos haitianos se encuentran en alto riesgo de inseguridad alimentaria aguda.
Tan precaria es la situación del vecino país en ese aspecto que el representante del PMA en Haití, Pierre Honnorat, aseguró que esta crisis alimenticia es la peor desde 2018.
Además, indicaron que el 45 por ciento de la ciudadanía estaba proyectaba a pasar “hambre severa” en el periodo marzo-junio de 2022, y de ese porcentaje estimaron que más de 1.3 millones se encontraría en fase de emergencia.
Violencia y pandillas
A través de los años Haití ha sido una nación arropada por inseguridad ciudadana, ya sea por secuestros, atracos o simplemente actos violentos, principalmente cometidos por los numerosos grupos vandálicos locales.
Estas bandas de delincuentes, en esencia, controlan gran parte de las localidades haitianas más populosas. Desde justicia hasta el expendio de combustible, tras el magnicidio, Haití ha atravesado oscuros episodios.
Hace menos de un mes el periódico 'Gazette Haití' reportó que individuos armados, supuestamente pertenecientes a la pandilla “Village de Dieu 5 Segond”, tomaron el control del Palacio de Justicia de Haití.
Similarmente, el medio de comunicación 'Vant Bèf Info’, indicó que estos pandilleros tomaron por la fuerza la sede de la Justicia haitiana, ubicada en Puerto Príncipe, en un ataque que dejó a varios heridos.
Pero esto no es un hecho aislado, ya que un mes antes otro grupo armado asaltó el Palacio de Justicia de Haití en la comunidad de Martissant, saqueando las oficinas y despachos de varios jueces.
También, en octubre de 2021, hombres armados derribaron varias puertas y accedieron a las oficinas del juez Garry Orélien, a cargo entonces de la pesquisa sobre asesinato de Moise.
Además, en mayo del presente año, tras una ola de violencia que dejó por lo menos 39 muertos, 8 desaparecidos y 68 heridos en un lapso de dos semanas, la Oficina de Protección al Ciudadano (OPC) haitiana denunció la “indiferencia” del Gobierno ante la situación en la principal zona del conflicto.
"No hay ningún mensaje ni acción ni del Gobierno ni del Consejo Superior de la Policía Nacional. Estos gestos demuestran la incapacidad de las autoridades para reaccionar, dejando que las bandas armadas decidan sobre la vida y la muerte de los ciudadanos", criticó el OPC.
Esto tampoco exime de responsabilidad al fallecido presidente haitiano, quien enfrentó no solo brotes de actos violentos cada cierto tiempo durante su mandato (que lo forzaron a remplazar el jefe de la Policía) sino que también fue objeto de muchas protestas ciudadanas.
Las manifestaciones en cuestión se centraban, primordialmente, en expresar el rechazo a la reforma constitucional propuesta por Moïse y exigencias para que se celebren elecciones presidenciales.
Sobre esto último, el descontento provenía del hecho de que Moïse asumió el poder en febrero de 2017 tras unas elecciones que fueron anuladas en 2015 por denuncias de fraude y que fueron repetidas en 2016.
No obstante, la oposición empezó a contar los cinco años de mandato del asesinado mandatario desde ese año, por lo que proclamaban que Moise debía abandonar la presidencia a principios de 2021.
Las protestas fueron tantas que en enero del año pasado, un par de semanas después de que Moïse garantizó la celebración de las elecciones, la Policía Nacional haitiana declaró estado de emergencia por un mes para evitarlas.
Combustibles
Dentro de las críticas que fueron dirigidas al asesinado jefe de Estado al principio de su Gobierno, estaba el incremento de los precios del combustible, que luego se convirtió en escasez del mismo.
Pero esto no se compara a la situación actual, con expertos vaticinando desde el pasado abril una crisis de combustibles en Haití, que alcanzó incluso al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, que comunicó que sus vuelos a Cap Haitien, Les Cayes y Jeremie pueden retrasarse o cancelarse.
El punto más alto alcanzado durante esta escasez ocurrió en octubre del año pasado, cuando un grupo armada bloqueó el acceso a la terminal petrolera de Varreux, en Puerto Príncipe, impidiendo que los transportistas de productos derivados de petróleo hagan su trabajo.
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