Una declaración de bienes que no se corresponde con la realidad y que fue supuestamente usada como una especie de meta que alcanzar tras su llegada a la administración pública, forman parte de los alegatos que plantea el Ministerio Público (MP) contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, en la acusación formal con solicitud de apertura a juicio para el caso Medusa.
El organismo plantea que Rodríguez declaró bienes por doscientos veinte millones quinientos ochenta y seis mil ciento treinta y siete pesos con cuarenta y siete centavos (RD$220,586.137.47) para “presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía”.
En ese sentido, indican que se trata de una evidencia que apunta hacia la intención del imputado para obtener riquezas de las arcas del Estado.
Rodríguez presentó cuatro declaraciones juradas de bienes, la primera al inicio de su función pública en agosto de 2012, como Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Ceird); Y la segunda en septiembre del 2016 cuando asumió el cargo de Procurador General de la República.
Posteriormente, en octubre del 2016 realizó una actualización de datos y la cuarta cuando cesó en sus funciones el 11 de septiembre del año 2020.
El Ministerio Público explica que para la primera rendición el acusado presentó un total en efectivo de RD$680,000.00.
“Como podemos observar, el efectivo declarado por él mismo, ni siquiera llega a la suma de un millón de pesos cuando ingresó como funcionario”, resalta el MP.
De igual forma, indican que en el renglón de cuentas por cobrar Rodríguez declaró tres millones de pesos, bajo el concepto de compensación por antigüedad por la compañía Domicem S.A., sin embargo, ese dinero no fue ingresado al patrimonio del acusado, ya que, conforme a la información de esta compañía, obtenida por el MP, el acusado era deudor en dicha empresa por dos préstamos que esta le había facilitado.
Se suma a la lista de cuentas por cobrar la de la Sociedad Jean Alain Rodríguez S.R.L. (JAR y Asociados S.R.L.), actualmente compañía Jurinvest S.R.L., por la suma de RD$3,500,000.00, bajo el concepto de préstamo.
“Es decir, que éste como persona física le había hecho un préstamo a su propia compañía, de la cual el acusado es el accionista principal conjuntamente con su hermana”, se lee en el expediente, en que tambien subrayan que “el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró”, cita el MP, al tiempo que revela que “hoy sus bienes multiplican la aun falsa declaración jurada”.
“Criminal organizado”
Asimismo, en las más de 12,000 páginas que componen el expediente, Jean Alain figura como un “criminal organizado”, ya que, según señala la entidad, desplegó un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su pasó por la administración pública.
Para el MP estas acciones evidencian la conducta delictiva de una persona que “no es un criminal circunstancial, sino uno organizado”.
Para la ejecución de la “misión y visión de lo que quería del Estado dominicano”, Jean Alain se valió del apoyo “sin condición” del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, de acuerdo con los argumentos de los fiscales.
Entre los beneficios que obtuvo de su cercanía con Medina, enumeran el poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un “gran” presupuesto y una “millonaria” partida económica especial.
Camino a la presidencia
Por otro lado, la acumulación de riquezas del imputado y forjarse una carrera política llevó a Rodríguez a hacer “lo que tuviera que hacer”, apunta el documento, que también señala “caer en idear y materializar campañas sucias, en contra de los propios miembros de su partido, ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas”, como alguna de esas acciones para lograr ser presidente de la República Dominicana, “al precio que fuera”.
En consecuencia, convirtió a la Procuraduría General de la República en un “bunker criminal” y la sede central de sus aspiraciones a la presidencia.
Sobre el particular el MP cuestionó que la Procuraduría General de la República “no puede ser un comando de campaña de ningún partido” y que los procesos penales “no deben depender del color del partido político al que pertenezca el investigado, la justicia tiene que aplicarse con estricto apego a los principios de igualdad entre las partes e igualdad ante la ley”.
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