SANTO DOMINGO.- La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el acceso al informe financiero sobre una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
La magistrada Kenya Romero ordenó a las Superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, reportes e informes relacionados con operaciones realizadas en dicha gestión.
Asimismo, fijó un plazo de 60 días para ejecutar la orden judicial, a partir del 23 de agosto pasado, e incluye las informaciones que sobre el caso existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas. Esto incluye movimientos de cuentas y productos, relacionados a pagos y excepción de impuestos a 209 personas.
El Ministerio Público investiga a Guerrero por casos que involucran “tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos».
La investigación incluye también a Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, ex miembro del Consejo Estatal del Azúcar.
Además, a Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exmiembro de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública.
Asimismo, se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, entre ellos Hortensia Arelis Santiago, exanalista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, y Belkis Tejada Ramírez, exdirectora jurídica de Bienes Nacionales.
También, Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda Administrativa, y Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales.
Además se menciona a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República; Príamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría, y William Antonio Castillo.
De acuerdo a la investigación, en la gestión de Guerrero se realizaron «maniobras fraudulentas» con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales.
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