Los funcionarios que se aumentaron los salarios en los últimos días lo hicieron de forma ilegal y son pasibles de ser destituidos e inhabilitados hasta por cinco años, advirtió esta mañana el Movimiento Cívico Participación Ciudadana.
Mientras que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió a la justicia a los superintendentes de Bancos, de Pensiones, de Electricidad, así como al director del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), por alegadamente violar la Constitución de la República con los aumentos salariales que se hicieron.
Joseph Manuel Abreu, coordinador nacional de Participación Ciudadana, dijo que «respecto a los aumentos salariales los mismos deben enmarcarse en las escalas salariales, deben ser en el marco de los reglamentos de la ley 105-13 y coordinada con el Ministerio de Administración Pública».
«Cualquier disposición de aumento fuera de estos marcos legales puede representar sanciones a los funcionarios públicos que le pueden conllevar hasta la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por hasta cinco años», sostuvo.
Informó que existía una resolución que procuraba un aumento salarial de acuerdo a las condiciones económicas del país, pero que este no sería el momento más adecuado para esta medida.
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Vidal Potentini dijo que esta mañana fueron sometidos a la justicia los superintendentes de Bancos, Alejandro Fernández; de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao; y el renunciante superintendente de Electricidad, Rafael Velazco Espaillat por supuestamente violar el artículo 140 de la Constitución. También al director de Infotep, Rafael Santos.
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Explicó que el artículo 140 de la Constitución establece que los aumentos salariales no deben ser para beneficiar los incumbentes de las instituciones.
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