El presidente peruano Pedro Castillo dijo el lunes que asistió ante la oficina de la fiscal general Patricia Benavides para ser interrogado por tres de seis investigaciones preliminares que se le sigue, en la mayoría de las cuales se le acusa de dirigir una red de presunta corrupción.
En una declaración a la prensa desde el palacio de gobierno, donde no se admitió preguntas, Castillo aseguró que seguirá colaborando con la justicia. “Hemos negado las imputaciones... vamos a seguir dando la cara y decirle al país que estamos firmes para conducir el destino del Perú”, indicó.
Su abogado Benji Espinoza señaló que Castillo es “completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen”.
Una indagación es por un presunto tráfico de influencias en la compra de biodiésel por 74 millones de dólares. La fiscalía ha señalado que existe la sospecha de que otorgó un contrato de manera irregular porque el presidente se reunió en octubre en el Palacio de Gobierno con un empresario local que cuatro días después fue favorecido con la adjudicación directa.
En la otra investigación se le atribuye los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento y está relacionada con el despido en julio de quien fuera ministro del Interior de Castillo, Mariano González. El exfuncionario dijo a la fiscalía que su salida se produjo porque al mandatario no le gustó que organizara un equipo policial para buscar a dos prófugos cercanos al propio Castillo: uno de sus sobrinos, Fray Vásquez, y al exministro de Transporte, Juan Silva, aún prófugos. Ambos están indagados por el presunto delito de organización criminal.
La tercera indagación busca establecer la responsabilidad de Castillo en el presunto delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal, como resultado de que el supuesto grupo dirigido por el mandatario buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas con dinero del Ministerio de Vivienda en su provincia natal. La Fiscalía analiza si un decreto firmado por Castillo para desembolsar más de ocho millones de dólares fue aprovechado por la presunta organización.
Castillo pide a la fiscalía que se agoten los actos de investigación, que se recabe todos los elementos de prueba para que en su momento el presidente con toda la información vuelva a declarar, dijo el abogado del mandatario.
El gobernante estuvo más de dos horas en el local de la fiscalía donde llegó y más tarde se retiró en un auto y escoltas. Hace un mes, también asistió a declarar ante la fiscal general, pero en aquella oportunidad se trasladó a pie. La fiscalía está a cuatro cuadras del palacio presidencial.
El mandatario suma seis investigaciones fiscales preliminares, la mayoría por el presunto delito de organización criminal y corrupción, aunque él niega todas las acusaciones.
El presidente no puede ser acusado ante un juez porque la constitución peruana dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones. Si se acumulan argumentos, la fiscal general debe esperar hasta que Castillo culmine su gestión para que el Congreso permita que sea juzgado.
Su relación con el Parlamento es tensa. El Congreso de 130 sillas ha buscado destituirlo en dos ocasiones, pero no lo ha logrado porque no alcanzó los 87 votos necesarios.
En contraste a las investigaciones fiscales que explotaron hace dos meses, la popularidad del mandatario que caía en picada, ha comenzado a remontar. Un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos publicado el domingo mostró que su aceptación subió a 29%, mientras su desaprobación bajó a 63%, mientras 8% no opinó. En junio su aprobación era de 19%.
El gobierno de Castillo está previsto que termine el 29 de julio de 2026. DE AP
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