SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia calificaron como «inconstitucional, abusiva, discriminatoria y atentaría en contra de las libertades públicas» la resolución del Ministerio de Interior y Policía que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas entre las 12:00 de la medianoche y las 8:00 de la mañana.
Miguel Surun Hernández, presidente de ambas entidades, advirtió que la medida generaría pérdidas millonarias a cientos de negocios de la provincia Santo Domingo, la quiebra de algunos y dejaría sin empleo a miles de personas que aún no se han recuperado del impacto económico generado por la pandemis de covid-19.
En representación del CARD y Primero Justicia, Surun Hernández depositó este jueves una acción de amparo de urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que dicha resolución viola los derechos fundamentales de libertad al trabajo, la libre empresa, el libre tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en la Constitución.
Dijo que «no es posible justificar ese despropósito sobre la base de la lucha contra la criminalidad, sobre todo porque, además, desborda las potestades del propio Ministerio de Interior y Policía, entre cuyas facultades no está prohibir actividades recreativas y comerciales lícitas y mucho menos disponer el cierre de establecimientos comerciales, potestad que según afirma, sólo la ostentan los tribunales».
Advirtió que “de permitirse dicho abuso, estaríamos a las puertas del caos institucional donde cualquier ministerio o funcionario podría disponer medidas abusivas al margen de la ley en perjuicio de los ciudadanos, por eso hoy acudimos al juez de los amparos esperando que se reinstaure el estado de derecho”.
Exhortó a las autoridades a que «apliquen otras medidas para enfrentar la criminalidad en nuestro país, como son el aumento del patrullaje policial, la instalación de más cámaras de seguridad, aplicación de nuevas tecnologías, coordinación de acciones con comunitarios y juntas de vecinos, incremento de planes sociales, de protección económica para los ciudadanos más vulnerables, mejora del sistema educativo, promoción del deporte y gestionar mayores oportunidades de empleos para jóvenes y adultos de forma que tengan sus necesidades cubiertas y no se vean tentados a cometer delitos».
Agregó que la resolución afecta de manera discriminatoria a los munícipes de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y Guerra, «lo que es inconcebible».
Explicó que la misión del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia es velar porque se respeten los derechos de los ciudadanos y advirtió que no desmayará en su propósito.
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