El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien fuera cuestionado por una serie de decisiones, incluyendo un auto de no ha lugar en favor de todos los acusados de la venta del barrio Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, ahora es investigado por el ministerio público, que abrió un proceso penal en su contra.
La investigación está cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho,luego de que la Inspectoría del Poder Judicial solicitará abrir la pesquisa por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con Camacho, según las indagaciones “existe una estructura” en la que podría haber más personas involucradas, empero rehusó opinar si la investigación es por presunto acto de corrupción, ventas de sentencias o de lavado de activos...Al ofrecer la información sobre la investigación, Camacho se negó a ofrecer más detalles alegando que está es abierta por lo que no debe dar a conocer por el momento todos los indicios.
“Hace unos meses la Inspectoría del Poder Judicial nos pasó ese caso y desde el Ministerio Público ciertamente hemos abierto una investigación, lo que nos ha dicho esa investigación hasta ahora es que hay indicios de que se trata de una estructura”, adujo Camacho.
Suspensión
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, fue apoderado de un expediente en contra del juez Rodríguez Consoró, por presuntamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
El expediente fue remitido por la Inspectoría General, quien solicitó al referido Consejo del Poder Judicial, la suspensión provisional con disfrute de sueldo del magistrado Rodríguez Consoró.
En contra del juez fue abierta una investigación disciplinaria por el inspector general Jacinto Castillo Moronta, para lo cual fue designado un consejero del referido Consejo.
“En cuanto al fondo, disponer la suspensión, con disfrute de salario, del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, por un período de cuatro meses, por las razones precedentemente señaladas”, dice el expediente enviado al magistrado Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Poder Judicial.
Sepa más
No ha lugar.
En junio de 2022, el magistrado, en función de juez suplente del sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó “auto de no ha lugar” a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos. Motivó su decisión en que la Pepca no presentó pruebas suficientes para probar los hechos en juicio de fondo.
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