“Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. No nos ganarán por cansancio y no disminuirán nuestro compromiso de reducir la impunidad. Seguimos trabajando!”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Esta reacción de Camacho, en su cuenta de Twitter, se produce a raíz de por la decisión la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, que varió la medida de coerción al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal acusado del denominado Operación 13, fraude cometido por más de 500 millones de pesos, a través del sorteo en el que se mostró como ganador el bolo número 13. Dicent fue enviado a cumplir arresto domiciliario.
Ayer, a su salida del tribunal, el procurador adjunto Wilson Camacho indicó que la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público provocó que seis de los 10 acusados en el fraude a la Lotería Nacional desarticulado en la Operación 13 se declararan culpables en la audiencia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.“En el día de hoy han pasado dos cosas a las que es necesario referirse en este caso de Operación 13. Lo primero que sucedió en el día de hoy es que, de 10 acusados que estuvieron presentes en este juicio, seis se declararon culpables”, dijo
“Esta es una evidencia palpable de la fortaleza de la acusación del Ministerio Público, ese es un primer tema que debe quedar claro y al cual debemos referirnos”, puntualizó Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales integrado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Andrés Mena, Yudelka Holguín Liz y Alexis Piña.
Con relación a la variación de prisión preventiva por domiciliaria de Luis Maisichell Dicent, el magistrado Camacho lo calificó como debilidad de criterios del tribunal al tomar esa decisión.
Camacho dice que los retrasos no fueron por el Ministerio Público
“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, sostuvo Camacho, quien nuevamente cuestionó este tipo de decisión de los tribunales en los casos de corrupción.
“En este caso resulta curioso y llama poderosamente la atención que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción”, expresó Camacho.
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