En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, el Poder Ejecutivo decidió ayer retirar del Senado, temporalmente, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido ante esa cámara el 12 de diciembre de 2022.
Más temprano en la tarde, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, había pedido al presidente Luis Abinader ordenar el retiro de la pieza, advirtiendo de que esta violenta “la autodeterminación y soberanía del país”.
En una declaración oficial de la Presidencia leída ayer por su portavoz, Homero Figueroa, el gobierno indica que el propósito de la medida es “lograr el consenso público necesario”.
Mientras, en el trayecto serán reformulados aspectos de la redacción de la propuesta, para reintroducirlo en un período de 45 días, esto es, de entre hoy lunes al miércoles 29 de marzo.
Las reacciones de resistencia en cadena a este propósito abarcaron desde voces independientes hasta entes sociales urbanos y rurales, partidos políticos, autoridades religiosas, medios tradicionales, redes sociales, grupos económicos y legisladores.
El gobierno aseguró que no aceptará “ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití”.
“Como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”, dijo Figueroa.
El proyecto, aclaro el funcionario, “responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales”.
Como sociedad democrática, agregó, “conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de Ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva”.
“Somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, declaró.
“La ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la Republica Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la Patria”, apunta la declaración.
La ruta recorrida
Esta pieza legislativa alcanzó el Senado después de cumplirse una sincronía de hechos que tomaron forma el 10 de junio de 2022, cuando, al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, 20 países firmaron la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, en cuya ocasión República Dominicana no suscribió el documento, por diferencias con algunos criterios en el documento.
Dos meses y 17 diez después, el 27 de octubre de ese año, llegó al Palacio Nacional la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, donde alentó al gobierno a aprobar “una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales”, y que facilitará “el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños”.
Luego, 46 días después de esa visita de Seya a la sede de gobierno, el Poder Ejecutivo sometió el controversial proyecto al Senado, de cuya existencia se conoció cuando Listín Diario lo hizo público el martes del 7 de enero pasado.
En una aparente conexión con este caso, el 5 de diciembre de 2022, una semana antes de su envío al Senado, este diario publicó un reportaje dando cuenta de un notable descenso en los operativos contra ilegales que meses antes había cobrado fuerza.
El marco clave para seguir su intensidad fue el Centro de Acogida Vacacional Haina, adonde son transferidas las personas detenidas por falta de documentos.
Desde entonces, la situación ha seguido ese patrón de redadas ocasionales.
Leonel: es un ‘mamotreto jurídico’
Ayer, horas antes de la declaración oficial informando sobre la decisión del gobierno, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, había pedido al presidente Luis Abinader ordenar el retiro de la pieza, advirtiendo de que esta violenta “la autodeterminación y soberanía del país”.
Al referirse a las pretensiones del Poder Ejecutivo, el exmandatario afirmó que el proyecto permite a los migrantes ilegales quedarse en República Dominicana “sin ningún tipo de sanciones”.
El líder político se refirió al tema en un acto en Los Guaricamos, de Santo Domingo Norte, donde juramentó a nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo.
Fernández calificó esta iniciativa de ley del gobierno como un “mamotreto jurídico”.
Opina que ese proyecto pretende frenar las deportaciones de inmigrantes ilegales, atribuyendo su motivación a “fuerzas externas”.
“Yo le pido al presidente Luis Abinader que retire ese proyecto de ley, porque eso significa una violación al derecho que tienen todos los dominicano”, dijo el exjefe de Estado.
Asegura que el gobierno está cediendo a presiones internacionales y ha recordado que el país tiene una Ley sobre la Trata de Personas, desde el año 2006, y una Ley de Migración y un reglamento de aplicación a esa ley migratoria.
“Claro que todos estaríamos sensibilizados en lo que tiene que ver con la trata de personas, pero resulta que ya existe una ley en el país que tiene que ver con la protección a las víctimas de la trata de personas, del año 2006”, añadió Fernández. Este gobierno será recordado, apunto el líder político, “como el gobierno de las improvisaciones”.
“La última expresión de esas improvisaciones lo constituye dicho proyecto”, que calificó como “indignante y violatorio a la Constitución dominicana”.
En ese sentido, dijo que “lo que se quiere es reformar esa Ley para permitir lo que se quiere desde fuera”, que según Fernández, es “no deportar aquellas personas que tienen estatus migratorio irregular en la República Dominicana”.
Desde que Listín Diario dio a conocer de la existencia del proyecto de Ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, la población dominicana ha mostrado un amplio rechazo a esa iniciativa gubernamental.
Lo que dice la propuesta
Ahora retirada oficialmente del Senado por instrucciones del Poder Ejecutivo, la polémica pieza, que llegó a la cámara alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo, instituye en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito deben “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
También, podrán gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes.
Y podrán optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que será fundado en caso de aprobarse el proyecto.
También dispondrían de tiempo para su recuperación y reflexión, participar de programas de atención, garantías de albergue seguro y especializado y la confidencialidad de sus datos.
El Estado estará obligado, según el artículo 76 de ese proyecto de ley, proveer asistencia y cuidado especial, sobre todo si se trata de lactantes.
En el caso de que los menores de edad migrantes no estén acompañados, habrá que establecer su nacionalidad, identidad y localización de su familia, un parentesco a la política de “reunificación familiar” vigente en el sistema de Estados Unidos.
La pieza, que llegó al Senado cuando el país estaba en sus arreglos de Navidad y Año Nuevo, instituye en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito deben “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.
También, podrán gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes.
Asimismo, podrán optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que será fundado en caso de aprobarse el proyecto.
En caso de que llegare a ser convertido en ley, Estados Unidos se quitaría una gran presión de la migración haitiana a través de los mares y sus fronteras terrestres, pero República Dominicana cargaría con las secuelas ante un desborde en el tráfico ilícito y la llegada en solitario de nativos de Haití.
Igualmente, provocaría situaciones de inestabilidad general, malestar político y gastos enormes del presupuesto nacional, además de los tributos, con carácter “obligatorio”, de los ingresos de vida de los ciudadanos.
Este proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes es una nueva pieza que actualizaría la aprobada hace casi 20 años, un asunto por el que el Departamento de Estado de Estados Unido ha estado presionando con insistencia para que sea concretado, al constituir un elemento favorable a sus intereses nacionales..
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