Al menos 429 ciudadanos en República Dominicana recibieron pagos ascendentes a RD$27,551,733 por concepto de desalojos y traslado a otros lugares, tras la construcción de la línea 2-b del Metro de Santo Domingo, sin evidencia de contratos de alquiler ni documentaciones justificadas entre los propietarios e inquilinos.
La información sale a relucir luego de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas durante la gestión de Diandino Peña (2013-2017) en la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (Opret).
Sobre esta situación, el director de expropiación y de desarrollo ambiental de la Opret durante el periodo mencionado, Ramón Leonel Carrasco, se excusó al referir el grado de informalidad que se encontraba en la zona del sector Gualey, así como también en la localidad Rivera del Ozama..“Cuando los niveles de organización socio-económico son del más bajo nivel, afecciones, recurre a métodos que le posibiliten llegar a acuerdo entre partes, donde teníamos que decidir pagos por valores promedio a la información recibida, donde los ciudadanos casos particulares estaban bajo el régimen penitenciario, había que esperar en muchas ocasiones su salida de su estado de suspensión de sus derechos ciudadanos”, dice Carrasco, según la documentación.Agregó: “Estos contratos de alquiler, según lo establece la ley, pueden ser verbal o por escrito, en este nivel de informalidad en muchos casos, en su evaluación social se compensó la afección por estimación de lo expresado por el afectado y la evaluación de la comisión”.Ramón Carrasco refirió a las autoridades de la Cámara de Cuentas que el estado en el que se encontraban esos inquilinos ubicados en los terrenos pegado al río Ozama parecía una tierra movediza y que estaban "sustentados en basura".
Además, agregó que hallaron viviendas “sumamente pequeñas”, las cuales tenían hasta cuatro inquilinos, cuyo valor del alquiler era de 900.00 pesos, donde apenas podían entrar una cama tipo sándwich. Precisó que tuvieron que resolver algunas afecciones recurriendo a métodos avalado por concepto, supuestamente, bajo la premura de obtener el espacio para la construcción del puente ferroviario.
Carrasco asegura que todos los valores pagados por la institución estuvieron avalados por la Contraloría General de la República Dominicana, la cual se habría convertido en asesor de la institución, “con el fin de llegar a una solución satisfactoria en resolver todas estas informalidades que se presentaba al momento del levantamiento de información de estos individuos catalogados en su máxima expresión marginados sociales”.
El entonces encargado de expropiación y desarrollo ambiental precisó que esos contratos, de los cuales la Cámara de Cuentas alega que no tenían firmas, pudo haberse debido también a que muchas de las personas no sabían colocar una firma y que, según él, en muchos casos se negaban a firmar.
“De manera que no teníamos ningún método para resolver tal situación, teníamos que acogernos a la situación que ellos nos presentaban”, agregó.De acuerdo con el órgano constitucional, el director de la Opret debió garantizar y asegurar que los pagos se realicen con las documentaciones justificativas y contratos debidamente firmados conforme a la ley.
Además, la Cámara de Cuentas establece que era responsabilidad de Diandino Peña garantizar que los contratos que se realicen con las firmas correspondiente evidencien legalidad......
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