SANTO DOMINGO.- República Dominicana ha sido una de las economías de más rápido crecimiento durante las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe. Pero mantener ese crecimiento dinámico en el futuro, y ampliar sus beneficios para más hogares y zonas en pobreza, requerirá un mayor aumento en la productividad.
Así lo estable el Banco Mundial en su informe “Repensar la productividad para impulsar el crecimiento sin dejar a nadie atrás”, dado a conocer en junio pasado.
Explica que para aumentar la productividad y la eficiencia, el país necesita mejorar la calidad del producto humano y educativo, y eliminar las distorsiones en la competitividad, que se mantienen pese a la existencia de una ley que regula la libre competencia y asigna roles reguladores efectivos a las instituciones del Estado.
Especifica que el Estado Dominicano ha fallado en la capacitación de personal que impulse la productividad, pese a que hay factores sociales, políticos, climáticos, que limitan la inserción de la economía en los más altos grados de competitividad.
El documento indica que el retraso en la implementación de la Ley de Competencia limitó un rol más activo por parte del ente regulador para generar mercados competitivos.
La Ley se implementó en 2017, a pesar de haber sido promulgada en 2008.
Desde 2017, ProCompetencia ha investigado posibles prácticas anticompetitivas en una amplia gama de sectores. Sin embargo, 15 de las 18 investigaciones iniciadas por ProCompetencia han sido desestimadas (a marzo de 2022) y solo se han publicado tres decisiones.
Además, la Ley de Competencia no incluye la obligación de las empresas relevantes de notificar y revisar el impacto de las fusiones y adquisiciones en la competencia para obtener la aprobación de ProCompetencia.
De manera similar, la capacidad de ProCompetencia para monitorear e investigar de manera efectiva el comportamiento anticompetitivo podría fortalecerse a través de la provisión de mayores recursos financieros y de personal”.
El estudio recomienda al Estado poner en marcha una serie de recomendaciones que, de ponerse en ejecución, mejorarían la eficiencia competitividad y regulatoria de las instituciones del Estado.
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