El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy viernes la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas en la operación Gavilán
La última operación de la Procuraduría General de la República fue dirigida contra personal bajo su mando que aceptó sobornos para borrar antecedentes a criminales.Siete fiscales adjuntos se encuentran en el ojo del huracán, luego de que la Procuraduría General de la República iniciara una investigación en su contra y de otras 12 personas, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
En contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres no se mencionan, será abierto un juicio disciplinario y se solicitará la designación de un juez de Instrucción Especial de la Cámara Penal de Apelación del Distrito Nacional para conocer el proceso seguido en su contra por su vinculación en la operación Gavilán.
La solicitud de la designación del juez de la Corte de Apelación, es cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, José Viterbo Cabral González, inspector General del Ministerio Público, fue apoderado de un proceso disciplinario en contra de los fiscales adjuntos, por parte del Consejo Superior del Ministerio Público.
En los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, abogados se preguntaban quiénes eran esos fiscales que se vinculan en la eliminación de antecedentes penales y por qué la Procuraduría no da a conocer su identidades.Hoy conocen medida de coerción
Mientras que el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy viernes la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas en la operación Gavilán.
El tribunal, que conocerá a las 10:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción, también deberá decidir si declara complejo el caso seguido a los implicados, detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la instancia depositada por los fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena se solicita prisión para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
Igualmente, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, así como los empleados de la Procuraduría Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez.
La medida de coerción incluye a Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El grupo es acusado de asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública y varios artículos sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Según el Ministerio Público, con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (La J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.
Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Fiscal Bonilla apoya
El magistrado Osvaldo Bonilla informó ayer que la Procuraduría investiga a cuatro empleados administrativos de la Fiscalía de esta ciudad por formar parte de la estructura nacional que se dedicada desde hace varios años a eliminar antecedentes penales a personas procesadas por diversos delitos, a cambio de sobornos.
“Nosotros estamos apoyando esas investigaciones que están haciendo nuestras instituciones, en vista de que somos los primeros que debemos dar ejemplo”, indicó el fiscal de Santiago.
Explicó que las personas que están siendo cuestionadas, hasta el momento son empleados del área administrativa de la Fiscalía de Santiago.
Con relación a la ficha que le fue retirada a Joel Ambiorix Pimentel García, La J, Bonilla dijo que este tiene algunos procesos viejos y debió tener esos registros, pero no están.
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