SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo depositó este miércoles en el Congreso Nacional dos proyectos de leyes, uno sobre traspaso ilícito de propiedad inmobiliaria pública o privada y otro que tipifica y sanciona el delito de secuestro en todas sus modalidades.
Fueron depositados vía el Senado, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien los entregó al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
PROPIEDAD INMOBILIARIA
Sobre esta iniciativa el funcionario dijo que el objetivo del Gobierno es tutelar de forma integral el goce, uso, disfrute y disposición del derecho de propiedad inmobiliaria en los ámbitos público y privado.
Asimismo, la pieza tipifica las conductas punibles que atentan contra este derecho y establece un régimen de penas proporcionales, eficaces y disuasivas para prevenir y sancionar tales conductas.
Destacó que el proyecto incluye disposiciones sobre elementos relativos a la persecución y el procedimiento penal, esto es sobre la tentativa calificada, complicidad, flagrancia y el régimen de la acción.
“En el ámbito orgánico dispone que el Consejo Superior Policial cree una dirección general especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de las propiedades públicas y privadas”, añadió Peralta.
DELITO DE SECUESTRO
Respecto al proyecto sobre secuestro, el funcionario explicó que parte de la necesidad de actualizar la configuración penal para hacer frente a mutaciones que ha venido experimentando este delito como conducta atentatoria de la libertad y seguridad personales.
Dijo que el proyecto tipifica las diversas modalidades de secuestro, sus agravantes y atenuantes, la tentativa y amenaza de su comisión así como el régimen de sanciones penales acorde con las circunstancias de su ejecución.
“Esta propuesta tiene como fundamento los lineamientos constitucionales relativos a la protección de los derechos que se desprenden de la dignidad humana”, sostuvo.
Peralta dijo que la iniciativa también tiene como base los mandatos contenidos en convenios internacionales integrantes del bloque de constitucionalidad, como la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, del 17 de diciembre de 1979.
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