Por primera vez un expresidente de Colombia irá a juicio. Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en el poder entre 2002 y 2010, y sigue siendo una importante figura de la derecha política, tendrá que defenderse en el juicio de las acusaciones de fraude y soborno de testigos.
La fiscalía colombiana decidió acusarlo, contrariamente a la posición que había mantenido hasta ahora, lo que puede ser un reflejo de la nueva administración de la entidad.
El proceso da así un giro inesperado, que no se había visto en estos seis años. Anteriormente, la fiscalía, que supuestamente debía acusar, pidió dos veces que se cerrara la investigación. Pero esa solicitud fue rechazada en ambas ocasiones por los jueces.
La diferencia ahora, es que en ese entonces la entidad estaba dirigida por el fiscal Francisco Barbosa, amigo del expresidente de derecha Iván Duque, de la misma familia política de Uribe. Pero ahora la fiscalía colombiana tiene una nueva cabeza. En este caso, cambió totalmente de estrategia: presentó la acusación, por lo que Uribe tendrá que defenderse en los tribunales.
El pasado 22 de marzo se posesionó la nueva Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, una jurista con amplia experiencia en la entidad y en la investigación de casos de corrupción.
Camargo resultó electa de la terna propuesta por el presidente de izquierda Gustavo Petro. ¿Habrá cambiado el enfoque por este motivo? Habrá que ver el desarrollo de otros casos emblemáticos.
Su posible condena podría aumentar la polarización en Colombia
El político de 71 años se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel. Su posible condena podría aumentar la polarización en Colombia según explica el director de la consultora de riesgos políticos Colombia Risk Analysis Sergio Guzmán: “Hay varias interpretaciones. Algunos de los más allegados al expresidente Uribe hablan de persecución política. Algunos que son más allegados al presidente Petro hablan de justicia».
La noticia se conoció el martes 9 de abril, día en el que se conmemoró en Colombia el Día de las Víctimas, para Guzmán “puede haber un timing de la Fiscalía para mandar un mensaje sobre los asuntos que tienen que ver con impunidad”.
“La verdad es que esto va a tener unos profundos impactos políticos. Es muy probable que aumente la polarización en nuestro país y que esto también tenga unas ramificaciones profundas sobre las protestas que se van a ocurrir tanto el 19 como el 21 y el 27 de abril en nuestro país”, advierte el analista.
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