Los Call Center funcionaban como centros de extorsión para robar el dinero a los envejecientes. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fijó para este jueves la solicitud de prisión preventiva en contra de cuatro personas reclamadas en extradición por los Estados Unidos, quienes son acusadas junto a otras 12 en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, fijó para este jueves a las 10:00 de la mañana, la medida de coerción en contra de las personas, quienes se encuentran recluidos en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que preside el magistrado Andrés Chalas.
El gobierno de los Estados Unidos, reclama en extradición a Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, José Ismael Dilón Rodríguez, Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid y Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, Nefy Vladimir Parra Arias. Estos se encuentran recluido en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El grupo está acusado formalmente de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero
Entre los acusados figuran también conocido como Keko, Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija y Boti.
Igualmente, Carlos Javier Estévez, Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
CÓMO OPERABAN
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizan a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como "cerradores", supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionarán miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indican a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
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