Decenas de bomberos trabajaron durante días para extinguir las llamas que cobraron la vida de 32 personas.
Luego de 11 meses y once días de ocurrida la explosión en el Mercado de la Padre Ayala en San Cristóbal, donde murieron 39 personas y otras 12 siguen desaparecidas, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura y convirtió en ley el proyecto que dispone que las personas que no aparecen tras esa tragedia sean declaradas judicialmente fallecidas.
La explosión ocurrida el 14 de agosto del año pasado en una fábrica de plásticos de la calle Padre Ayala también provocó pérdidas millonarias.
La iniciativa legislativa es de la autoría de la diputada peledeísta Ydenia Doñé, representante de esa provincia, quien dijo que varios niños que quedaron en la orfandad, por falta de un acta de defunción no gozan de una pensión que les toca por ley.
Doñé Tiburcio, fue refrendada en la Cámara Baja, después de ser modificada por el Senado.
“Las personas físicas que hayan desaparecido y que se encontraban en el antiguo mercado, ubicado en la calle Padre Ayala del municipio de San Cristóbal, así como en las zonas aledañas que no se tengan noticias que vivan y cuyo cadáveres no han podido ser encontrados, podrán ser declaradas fallecidas, a petición de todo interesado o del Ministerio Público, por vía de instancia dirigida a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de San Cristóbal”, establece el primer artículo.
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También establece que para los fines de la declaración de fallecimiento, todos los medios de pruebas serán admisibles, por lo cual se podrán tomar en cuenta publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, WhatsApp, comunicación oficial y reconocimiento.
Familiares
Familiares de las víctimas de la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto, han exigidos en varias ocasiones con encendido de velas que el presidente Luís Abinader y al Ministerio Público esclarecer las causas reales de la deflagración que provocó la tragedia.
Para tales fines se conformó una Comisión de la Verdad para investigar el hecho de manera independiente, debido a que no confían en la versión oficial sobre la tragedia.
Explicaron que no creían en la versión del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de que el hecho se produjo por Peróxido Orgánico, un químico altamente inflamable.
Del hecho, el Ministerio Público acusó a la empresa Vidal Plast, a cuyo propietario, Edward Armando Vidal le fue impuesta media de coerción y el pago de una multa de 300 milpesos en efectivo, impedimento de salida y el uso de un grillete electrónico. La explosión provocó 39 muertos, 12 desaparecidos, 59 heridos, destruyó varios negocios y dejó pérdidas millonarias.
Las medidas coercitivas fueron impuestas por la jueza suplente Miolany Herasme Morillo el 6 de septiembre del 2023, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal.
También, le dictaron medidas coercitivas de garantía económica de 1 millón de pesos a través de una empresa aseguradora y presentación periódica a Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, esposa e hija de Vidal, por su vinculación con la compañía Vidal Plast SRL.
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