La vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios del Gobierno asumieron hoy públicamente el “compromiso ético de los altos funcionarios públicos con la sociedad dominicana” y el presidente Luis Abinader.
En un documento firmado por 98 funcionarios, se comprometieron a luchar contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado y deberán dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos.
“Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado, comprometidos en el deber de dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos”, dice el documento.
Aunque el documento fue hecho público este lunes en un espacio pagado en los diarios impresos de circulación nacional, tiene fecha 23 de agosto de este año.
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En el documento los funcionarios se comprometen a actuar con respeto y disposición hacia la institucionalidad de los órganos directivos: “Actuaremos atentos a la renovación del conocimiento de nuestros funcionarios y técnicos en áreas sensibles para garantizar la dignidad humana, el derecho a la salud, la educación y la administración pública, bajo los principios de transparencia y probidad”.
Sostiene que cumpliendo con los principios del buen gobierno y la buena administración estarán “dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, así como evitar incurrir en conflictos por causa de éstos”.
Indican que aceptan, en su condición de funcionarios de la administración pública, que “en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente documento, seremos susceptibles de la debida sanción”.
Resaltan que se comprometen a cumplir con la ley que establece la declaración jurada en el plazo establecido por la ley 311-14.
Aseguran que velaran por el cumplimiento de la ley de Acceso a la información pública.
Los firmantes acordaron ejecutar correctamente el presupuesto asignado, de manera eficiente y eficaz mediante el logro de los objetivos perseguidos y no incurrir en conflictos de intereses.
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