Alboroto en la oposición y quejas a lo interno de su partido, el Revolucionario Moderno (PRM), ha desatado el conjunto de reformas políticas y estructurales del Estado anunciadas por el presidente Luís Abinader.
No es solo el rechazo a la reducción de 53 diputados al total de 190 que compone la Cámara Baja; o la unificación de las elecciones, sobre la que la Junta Central Electoral (JCE), advierte que provocarían complicaciones, también la reforma laboral anunciada recientemente, y ahora la fusión y eliminación de varias instituciones.
El primer paquete de reforma incluye modificación de la Constitución en cuatro ejes principales: unificar las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales a partir del 2032, para reducir la cantidad de diputados de 190 a 137, colocar un candado a la reelección presidencial y para garantizar un Ministerio Público independiente.
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Los primeros en salirles al frente a las reformas fueron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), quienes coinciden en que no es momento para reformar la Carta Magna, sino de que el gobierno se dedique a trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Igualmente han coincidido en que alegadamente no están claros los propósitos de la enmienda constitucional que procura el jefe de Estado.
Los diputados del oficialista PRM han sido los primeros en oponerse a la reducción de los diputados alegando que el número de diputado es un logro de la democracia que se vería afectado.
Señalan que las comunidades perderían representatividad y que habría que determinar a cuáles provincias se le reducirían el número de diputados.
La Junta Central Electoral (JCE) emitió un documento el pasado jueves en el que expone las implicaciones y necesidades de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, como se plantea en la propuesta el proyecto que declara la necesidad de una reforma a la Constitución.
Entre los inconvenientes o riesgos advertidos por el órgano está el agotamiento físico de todos los actores que participan en el proceso electoral, en relación con la proyección del tiempo necesario para obtener los resultados del escrutinio.
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