Personalidades de la sociedad civil, representantes de los sectores productivos y líderes políticos participaron este jueves en las vistas públicas organizada por la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, con el objetivo de escuchar las diversas observaciones al Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado por el Poder Ejecutivo.
Entre los participantes destacó Virginia Antares, miembro de la Dirección Política del partido Opción Democrática (OD), quien afirmó que, pese a su nombre, la propuesta se centra principalmente en aumentar los impuestos, lo que, a su juicio, agravará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en el país.
«Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario de 33 mil pesos, que es el promedio en nuestro país. Pero ¿pueden ponerse en los zapatos de una familia que, con ese salario o mucho menos, tenga que comprar más caras las cebollas, el ajo, los víveres, la carne, las habichuelas… o tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la gran mayoría de las cuales pasarán a pagar el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI)? Ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y productos básicos, incluidos los servicios digitales, que hoy en día son una necesidad, y el incremento en el alquiler de sus viviendas, tendrá un impacto terrible», pronunció Antares.
La también excandidata a la Presidencia de la República también señaló que la ciudadanía ya venía enfrentando los efectos de la alta inflación de los últimos años, con uno de los salarios mínimos más bajos de toda la región —el tercero más bajo, en concreto— y con Santo Domingo destacándose en los rankings por tener uno de los costos de alquiler más elevados de América Latina.
“El gobierno, entonces, y ustedes como legisladores, deberían estar impulsando medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo”, afirmó.
Por su parte, Ana Vertilia, presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias de Servicios (Acacdisna), advirtió al gobierno que, de no retirar la propuesta del Congreso Nacional, las clases media y baja se movilizarán en todo el país.
«Yo le tengo una propuesta, y es directa al gobierno. Ustedes quieren que este país se mantenga en paz; se lo advierto, no se equivoquen«, expresó Vertilia, quien además añadió: «Lo que se está sirviendo ahí afuera no es fácil».
Continuó: «Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gasto. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana, dilapidados en un hotel. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarse en hoteles de lujo? Empiecen cortando por ahí. No queremos que nos pongan impuestos en este momento, lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir adelgazar, para que después no pese al pueblo.
Entretanto, Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (Gens), aseguró que la propuesta de reforma fiscal es inconstitucional, ya que viola el artículo 251 de la Constitución de la República.
Asimismo, Peña afirmó que su partido, junto con los representantes del Campamento Patriótico contra la Reforma Fiscal, llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de dicha propuesta.
Sobre la reforma fiscal
Cabe destacar que, con la propuesta de reforma fiscal, el gobierno de Luis Abinader busca generar ingresos para reducir el endeudamiento público, combatir la evasión y elusión tributaria, eliminar exenciones y aumentar el salario mínimo del sector público, entre otros objetivos.
Además, pretende obtener fondos para avanzar en obras de infraestructura vial, fortalecer el sector salud con la implementación de centros de atención primaria, destinar alrededor de 18.000 millones de dólares al sector eléctrico, y asegurar recursos para continuar la construcción del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití.
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