Imputados en caso Camaleón cuando eran trasladados al conocimiento de la coerción. Guillermo Burgos
El Ministerio Público advirtió a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que los imputados en el caso “Camaleón” disponen de todos los medios y recursos necesarios para intentar ocultar elementos de pruebas esenciales para el avance de la investigación, por lo que les solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
El dato está contenido en la solicitud de medida de coerción pautada a ser conocida mañana a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Indica que esta capacidad, sumada a la facilidad con la que pueden salir del país, incrementa notablemente el riesgo de que se sustraigan del proceso, por lo que reitera la necesidad de que se les imponga a cada uno 18 meses de prisión preventiva.
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“Dadas estas circunstancias, resulta imprescindible la imposición de la medida consistente en la prisión preventiva para garantizar su comparecencia, así como la declaratoria de complejidad del caso, lo que permitirá un desarrollo más exhaustivo de la investigación”, precisa la solicitud de medida de coerción.
Añade que: “la gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, la cual llega hasta 20 años, hace necesario que el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias legales”.
El expediente los encabezan Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), juntamente con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Alvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
Figuran, además, las empresas Transcore Latam S.r.l, Aurix y Inprosol Srl.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que espera que el tribunal le otorgue el máximo de prisión preventiva, como medida de coerción.
Al grupo se le acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
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