El proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Código Penal, promulgado en 1884, y agregar más de 70 tipificaciones legales necesarias para actualizar el marco jurídico del país, se encuentra estacando en las salas legislativas del Congreso Nacional.
Los diputados aprobaron el proyecto el pasado 3 de julio.El proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Código Penal, promulgado en 1884, y agregar más de 70 tipificaciones legales necesarias para actualizar el marco jurídico del país, se encuentra estacando en las salas legislativas del Congreso Nacional.
Luego de que, de manera repentina, el Senado de la República lo aprobara el pasado 3 de julio en segunda discusión, esta pieza no ha podido avanzar en la Cámara de Diputados por la falta de un consenso entra las bancadas políticas, o, como han afirmado algunos legisladores: “por falta de voluntad política”.
“De nuevo pasa lo mismo, de nuevo los mismos intereses, de nuevo los mismos choques y aquí hay que determinar si queremos seguir con un código atrasado o con uno nuevo”, dijo días después la exdiputada Rafaela Alburquerque, quien pertenecía a la comisión especial de estudio.
La cámara baja recibió la iniciativa, decidiendo aprobarlo, sin leerlo, el 9 de julio en primera lectura, con el objetivo de enviarlo a una comisión para que realizara un informe en el cual muestre las recomendaciones.
Sin embargo, el diálogo entre los congresistas no alcanzó a tiempo un consenso que permitiera favorecerlo en segunda discusión y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Finalmente, los días trascurrieron y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó que la reforma al Código Penal continuaría pendiente debido a la clausura de la última legislatura del cuatrienio 2020-2024, realizada el 25 de julio. Por lo que se extendería para la siguiente jornada legislativa, que comenzó el 16 de agosto, con la juramentación del presidente reelecto Luis Abinader.
Pero la discusión sobre este documento legislativo ha pasado a un segundo plano, en el que ni se menciona, ya que las reformas promovidas por el primer mandatario y enviadas al órgano legislativo reciben toda la atención de los representantes.
Con una oposición minoritaria y dividida ante la inminente mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y aliados, quienes cuentan con 174 de 222 legisladores, el Congreso no tuvo otra opción que avocarse al conocimiento de la recién aprobada y promulgada reforma constitucional, abrir un espacio de discusión para la modernización fiscal y escuchar los pareceres sobre la propuesta gubernamental para transformar el Código de Trabajo.
Mientras tanto, los congresistas se acercan a la parte final de esta legislatura que termina a mediados de diciembre.
Tres causales
Uno de los principales aspectos que provoca división entre los congresistas es la despenalización del aborto en las tres causales. Estas son cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o existan malformaciones incompatibles con la existencia.
De tal forma que en la Cámara de Diputados existen otros proyectos que sí contemplan esta medida. Los exdiputados José Horacio Rodríguez y Magda Rodríguez, presentaron una iniciativa, que plantea avances similares dentro del material penal, para garantizar mejores de derechos a favor de las mujeres.
Este proyecto se intentó fusionar con el depositado por el senador Rogelio Genao, junto a otros legisladores, pero no se incluyó la eliminación de las causales.
Tipificaciones penales
Dentro de las tipificaciones que serían adicionadas está el terrorismo, sicariato, genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas (ácido del diablo).
Además, el trato cuelo inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.
Por último, participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes. Al igual que responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días.
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