El Ministerio Público desmanteló en 2021 a una red de narcotráfico y lavado de activos que operaba principalmente desde Santiago de los Caballeros y tenía ramificaciones en otras provincias de República Dominicana.
Joel Sosa Polanco junto a las autoridades de Migración de Colombia El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Joel Sosa Polanco, señalado como miembro de la estructura criminal desmantelada en 2021 mediante la Operación Falcón, y que fue apresado en Colombia la semana pasada.
De acuerdo al abogado de Sosa Polanco, Jhonatan Tavarez, la audiencia fue pospuesta a fines de presentar presupuestos y arraigos.
Según informó el fiscal titular Osvaldo Bonilla, la solicitud de medida de coerción se depositó ayer martes enfrentando el imputado graves cargos relacionados con el crimen organizado.
Sin embargo, la defensa de Joel Sosa Polanco asegura que este “no fue deportado por algún delito ni a solicitud del Ministerio Público (MP), sino porque no tenía su visa vigente”.
“Otra ficción del MP al ponerlo como testaferro solo por ser familiar (de otros implicados en caso Falcón)”, estableció Tavarez.
Joel Santos Polanco llegó a la carcelita del Palacio de Justicia de Santiago la noche de este lunes, luego de que fuera apresado a principios de diciembre en una operación conjunta con las autoridades colombianas en el municipio de Chía, en la provincia de Sabana Centro, al norte de Bogotá, donde también se apresó a Erick Randhiel Mosquea Polanco, presunto cabecilla de la red.
El imputado llegó al país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), y el Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva como medida cautelar para Sosa Polanco. Además, pedirá que el caso se declare de tramitación compleja debido a la magnitud y el alcance de las actividades ilícitas.
Los integrantes de esta estructura enfrentan acusaciones que incluyen lavado de activos provenientes del narcotráfico, tráfico ilegal de armas de fuego, suplantación de identidad y patrocinio de campañas políticas.
Según la acusación formal, estos delitos permitieron a la organización obtener protección e influencias en altos niveles, movilizando grandes sumas de dinero. Las actividades ilícitas, aunque operaban bajo fachadas legales, impactaron tanto el sistema financiero como el político del país.
El caso se encuentra en la etapa preliminar en el Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, con 31 personas físicas y 39 morales (empresas) imputadas.
El Ministerio Público desmanteló en 2021 a una red de narcotráfico y lavado de activos que operaba principalmente desde Santiago de los Caballeros y tenía ramificaciones en otras provincias de República Dominicana. A esta operación contra el crimen organizado las autoridades la denominaron “Falcón”.
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