Fachada de sede de la Policía Nacional
Santo Domingo.- La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), que agrupa diversas organizaciones de la sociedad civil de sectores como 27 de Febrero, Loma del Chivo, Agua Dulce, María Auxiliadora, Villa Fontana, Mejoramiento Social, El Caliche y Villa María, en la zona norte del Distrito Nacional, solicitó al presidente Luis Abinader que exhorte a la Policía Nacional a respetar los derechos humanos de las personas acusadas de cometer supuestos delitos penales.
Según los dirigentes de Codonbosco, los denominados «intercambios de disparos» violan gravemente los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, que en su artículo 37 establece el derecho a la vida como inviolable, y en el artículo 42, que protege la integridad personal contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, advierten que estas acciones son contrarias a acuerdos internacionales ratificados por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que promueven la protección de la vida y la integridad física.
Violación de normativas nacionales e internacionales
Codonbosco resaltó que los procedimientos actuales de la Policía Nacional también transgreden disposiciones del Código Procesal Penal (CPP) y del Código Penal, que establecen principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el uso proporcional de la fuerza. «Estas normas no solo son leyes nacionales, sino que están alineadas con estándares internacionales de respeto a los derechos humanos», explicaron los dirigentes.
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La organización ha denunciado que los denominados «intercambios de disparos» con frecuencia son utilizados como justificación para ejecuciones extrajudiciales, una práctica que ha sido criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su último informe sobre la República Dominicana, la CIDH expresó su preocupación por el alto número de muertes en intervenciones policiales, muchas de las cuales no son investigadas de manera adecuada.
Preocupaciones por el impacto social
Alexis Rafael Peña, director ejecutivo de Codonbosco, indicó que un promedio de 100 personas, en su mayoría hombres jóvenes de sectores vulnerables, mueren cada año a manos de agentes de la Policía Nacional. Estas víctimas, explicó, suelen ser jóvenes excluidos del sistema educativo y laboral, lo que los lleva a la delincuencia como medio de subsistencia. «Es inaceptable que, en un Estado democrático, la falta de oportunidades sea respondida con violencia letal en lugar de políticas de inclusión y desarrollo», afirmó.
Los dirigentes de Codonbosco hicieron un llamado al gobierno y a las autoridades locales para que implementen programas que fomenten el empleo juvenil, la educación técnica y el acceso a actividades recreativas y culturales como herramientas para prevenir la delincuencia y reducir la violencia.
Reformas necesarias en la Policía Nacional
Codonbosco instó a las autoridades a reformar la Ley de Policía No. 590-16, con el fin de garantizar que los agentes del orden actúen siempre respetando los derechos humanos. Propusieron incluir medidas específicas en la ley, como la obligatoriedad de cámaras corporales en los uniformes de los agentes, el fortalecimiento de la Dirección de Asuntos Internos para investigar abusos policiales y la implementación de programas de formación en derechos humanos para el personal de la institución.
Además, solicitaron que todos los casos sospechosos de uso excesivo de la fuerza sean investigados de manera independiente por el Ministerio Público y sancionados con todo el peso de la ley. «El abuso policial no solo destruye vidas, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones del Estado», puntualizó Peña.
Compromisos pendientes del gobierno
Codonbosco criticó que, a pesar de las promesas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de reformar el sistema policial y mejorar la seguridad ciudadana, poco se ha avanzado en esta dirección. «La ciudadanía esperaba un cambio real en el accionar de las instituciones, pero tras más de cuatro años de gobierno, los problemas estructurales persisten», lamentaron los dirigentes.
La organización también hizo un llamado a otros poderes del Estado, como el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos municipales, para que asuman una postura firme frente a las violaciones de derechos humanos. Recordaron que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exige a los Estados garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas.
Reflexión en el Día de los Derechos Humanos
Codonbosco destacó que cada 10 de diciembre, cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos, es un momento oportuno para reflexionar sobre los compromisos asumidos por el país en esta materia. «La lucha por los derechos humanos no es solo una responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad. No podemos permitir que el abuso de poder siga siendo una norma aceptada», concluyeron los dirigentes.
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