Santo Domingo.- Una ola de demandas judiciales ha sido la respuesta a la verborrea exhibida por algunas personas que hablan por micr贸fonos aprovechando el universo digital y que, tradicionalmente, eran ignorados en sus acusaciones.
Acusaciones por difamaci贸n y se帽alamientos delicados
Los demandados han sido acusados de difamar a los demandantes por vincularlos con actos de corrupci贸n, narcotr谩fico, v铆nculos con gobiernos extranjeros y actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
脕ngel Mart铆nez: epicentro del conflicto legal
El caso de mayor repercusi贸n medi谩tica fue el del se帽or 脕ngel Mart铆nez a quien, tras su apresamiento por supuesta rebeld铆a y no comparecer ante una demanda similar, le han llovido otras que, lo mantendr谩n entretenido en los tribunales por un buen tiempo.
Mart铆nez tiene casos pendientes con el dirigente pol铆tico Guido G贸mez Mazara, con el diputado Gory Moya, Faride Raful y m谩s recientemente, con varios comunicadores que igualmente se han querellado en su contra.
Nuevas demandas: La Tora e Ingrid Jorge tambi茅n en escena
Hablando de Gory Moya, este tambi茅n demand贸 a la se帽ora Claudia P茅rez alias La Tora, quien fuera apresada recientemente y luego, dejada en libertad.
Su hija, Ingrid Jorge, tambi茅n ha sido demandada por Faride Raful luego de que la primera, insistiera en sus redes sociales, de tener videos 铆ntimos de la actual ministra de Interior y Polic铆a.
Los primeros en demandar: comunicadores y figuras p煤blicas
La ola a la que hacemos referencia, inici贸 con los se帽ores Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisi贸n Mariasela 脕lvarez quienes demandaron por razones similares a Juan An铆bal Arrendel N煤帽ez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals Garc铆a y Aquiles Jim茅nez Fern谩ndez.
Esta disputa, suscitada tras el cierre temporal de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el vertido de informaciones de los demandados a trav茅s de plataformas digitales, que indicaban que fueron subsidiados en sus posturas ideol贸gicas por la agencia gubernamental.
Respuesta que se busca en lo legal
En la propuesta de la Ley Org谩nica sobre Libertad de Expresi贸n y Medios Audiovisuales, se establece un cap铆tulo espec铆fico que regula el funcionamiento de plataformas digitales con usuarios dominicanos.
Seg煤n el contenido de la propuesta de Ley, el objetivo es crear un entorno digital m谩s transparente, justo y con garant铆as procesales claras para los ciudadanos, limitando decisiones arbitrarias de las plataformas tecnol贸gicas sin renunciar a la protecci贸n de la libertad de expresi贸n.
Sin embargo y debido a su complejidad, el Congreso debate si aplicarla o relegarla a un nuevo texto legal.
La regulaci贸n vigente (Ley 61-32) es noble en sus sanciones adem谩s de que est谩 desactualizada.
Hace poco, el senador de la Altagracia deposit贸 otra iniciativa que buscaba penalizar el discurso de odio en redes sociales pero tuvo que retirarlo.
El legislador explic贸 que la decisi贸n se tom贸 luego de escuchar con atenci贸n a distintos sectores sociales, incluyendo juristas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por los alcances de la iniciativa.
“Hemos tomado la decisi贸n de retirar el proyecto de ley sobre el discurso de odio, tras escuchar con atenci贸n la voz de diversos sectores de nuestra sociedad. En democracia, escuchar no es ceder, es actuar con humildad y compromiso”, expres贸 Duluc en un comunicado difundido por sus canales oficiales.
El proyecto, sometido en junio pasado, buscaba penalizar expresiones en medios digitales que incitaran a la violencia, el odio o la discriminaci贸n por razones de raza, orientaci贸n sexual, religi贸n, discapacidad, nacionalidad u otras condiciones protegidas.
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