La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se sumó este sábado a los sectores que critican la práctica de algunos fiscales de cobrar dinero a acusados de crímenes y delitos a cambio de sacarlos de los expedientes acusatorios.
La entidad planteó que con tal acción los fiscales adjuntos prostituyen el código procesal penal y abusan de la discrecionalidad y facultades que poseen en la investigación de los crímenes y delitos, beneficiando la delincuencia a cambio del pago de sobornos.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, cito como acciones claras y evidentes del manejo doloso de los expedientes por parte de los fiscales adjuntos, el dejar vencer los plazos procesales, negligencia y dejadez en el proceso de investigación.
También la recolección de pruebas contaminadas y por consiguiente ilegales e inadmisibles y en ocasión de las vistas de medidas de coerción, en principio piden la prisión preventiva, lo cual se hace constar por escrito y posteriormente coinciden con los argumentos de la defensa”
“Sin dejar rastros de esta coincidencia en razón de que las argumentaciones no se plasman por escrito”, expresó a través de una nota de prensa.
Otro punto, que a juicio de la FJT, constituye sin lugar a dudas el talón de Aquiles de las acciones de los fiscales adjuntos lo es la discrecionalidad y poder que le acuerda el artículo 281 del Código Procesal Penal para archivar los expedientes bajo diversos argumentos.
“Son ejemplos: cuando no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; cuando un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; porque el hecho no constituya una infracción a las leyes penales; por la concurrencia de un hecho justificativo o que la persona no pueda ser considerada penalmente responsable; en fin cuando a juicio del fiscal actuante proceda aplicar un criterio de oportunidad”, dice el documento.
Dijo que todo este poder y margen de discrecionalidad con que actúan los fiscales ha servido para esconder acciones y conductas, ajenas a la ética y la moral que se están perpetrando a lo interno del Ministerio Público.
Potentini saludó la decisión del Procurador General de la República de conformar una comisión para investigar la participación de fiscales en hechos dolosos, y sugiere a la comisión empezar las indagaciones por los expedientes de crímenes graves archivados por los fiscales.
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