WASHINGTON.- El movimiento cívico Participación Ciudadana denunció aquí que en la República Dominicana no se aprecia una voluntad política por parte del Gobierno para combatir la corrupción y que "hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito".
La posición en este sentido fue externada este miércoles por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento, que se lleva a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.
Denunció que en el país no existe un sistema debidamente instaurado que garantice la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, y tampoco se da seguimiento a las declaraciones de patrimonio que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo.
"Carecemos de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad, de manera que queda evidenciado la carencia de normas que regulen este tema, a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace mas de tres años", expresó.
Indicó que en la República Dominicana está pendiente la aprobación de una ley sobre partidos políticos y financiamientos de las campañas electorales.
Santana consideró recomendable que el Estado Dominicano, principalmente a través de la Comisión Nacional de Ética y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, fortalezca el rol de prevención e investigación de privilegios de todo tipo por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes.
A su juicio, la Dirección General de Impuestos Internos debiera trabajar en la prevención del soborno en materia tributaria.
Según Participación Ciudadana, a pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones de vehículos de motor importados, los senadores y diputados disfrutan de una ley especial, la número 56 de 1996 sobre exoneración impositiva, a través de la cual entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009 importaron 678 vehículos por valor 60 millones 14 mil 990 dólares, equivalentes a RD$1,993,111,047.27, lo cual ha significado un sacrificio tributario de RD$1,022 millones 473 mil.
“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se les exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.
Expertos formularán recomendaciones a RD
El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y les formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.
Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.
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