En un esfuerzo por empoderar a la población de la Ley de Protección al Consumidor 358-05, la cual sostiene seguirá cumpliendo sin titubear, la directora ejecutiva de Pro Consumidor llamó a consumir y valorar alimentos producidos en República Dominicana. La licenciada Altagracia Paulino hizo la exhortación al disertar sobre “Los Derechos de los Consumidores”, en la “Tertulia Jueves de la República”, en el Ministerio de Cultura, presentada por la Dirección del Plan Quinquenal del Libro y la Literatura, bajo la responsabilidad de Juan Freddy Armando, director de la Biblioteca República Dominicana.
“Debemos ejercer ciudadanía, valorar lo nuestro, lo autóctono, consumirlo y tratar de que los que nos visitan también lo hagan, así como empoderarnos de nuestros derechos como consumidores y promover la Responsabilidad Social a todo los niveles, esto es Gubernamental, de la Sociedad Civil y la Empresarial o ISO 26000 que recientemente lanzó el Sector Industrial”, planteó.
Se trató de un evento a casa llena en el Ministerio de Cultura, con presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de consumidores, proveedores y servidores públicos.
Allí, Paulino expuso que la defensa y protección de los derechos del consumidor tiene una connotación distinta a la de controlar los precios, de ahí que Ley 358-05 forma parte de las reformas a las que ha estado abocado el país en el proceso de modernización y cambio para adecuarse a las corrientes mundiales, marcada por la revolución tecnológica.
“Ahora no se controlan precios, ya que la ley de oferta y demanda sustituyó esos criterios proteccionistas y los cambió por otros conceptos mas amplios relacionados con la nueva realidad del ordenamiento económico mundial que trajo consigo también un nuevo ordenamiento jurídico, por lo que nuevas normas conforman lo que podemos indicar como el nuevo derecho o el derecho de la era de la globalización”, manifestó.
Planteó que la ley de protección al consumidor es amplia, vinculante y moderna, y que aunque no es perfecta ha llegado en el momento justo para propiciar los pasos sostenibles para una relación justa y transparente entre proveedores y consumidores, que a su juicio son aliados estratégicos en el ordenamiento del mercado.
En tal sentido, planteó que es una ley de orden público, imperativa y de interés social, en cuyo articulado se procura, entre otros propósitos, la posibilidad de renegociar las operaciones crediticias, la regulación de los contratos de adhesión, la cáusulas y practicas abusivas en los contratos de adhesión y la información y educación de los consumidores y siguientes.
También la regulación de la publicidad, el derecho a la representación y asociación, las obligaciones y responsabilidad de los proveedores, la responsabilidad civil y penal y el sistema sancionatorio y el procedimiento administrativo.
Rango constitucional
Destacó la revisión constitucional propuesta por el presidente Leonel Fernández en la que incluyó un interesante proceso de consulta popular, a la que se integró la principal organización de consumidores “FUNDECOM”, surgiendo como una preocupación de las mayorías el tema concerniente a los derechos de los consumidores y usuarios, como tema relevante que posibilitó transcender la Ley y alcanzar connotación constitucional.
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