GUATEMALA.- La violencia y la inseguridad agobian por igual a todos los países de América Latina y el Caribe, aunque en cada nación se manifiestan de forma diferente, señaló este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe presentado en la capital guatemalteca.
El informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, el cual contempla una serie de indicadores sobre el fenómeno de la violencia en la región y su relación con los respetos fundamentales de los ciudadanos, fue presentado por el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, directivo de la CIDH ante representantes de Gobierno y la sociedad civil guatemalteca.
Según Pinheiro, "los países de la región presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios", y por primera vez en décadas en los países de América Latina "la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población".
Pinheiro manifestó que la violencia y la inseguridad tiene "variadas manifestaciones" como el crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico y consumo de drogas, la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas y afrodescendientes.
También como conflictos que involucran a movimientos sociales y comunitarios, y el fenómeno de la violencia relacionada con la delincuencia juvenil.
El informe no precisa la situación de violencia e inseguridad en cada uno de los países de la región pero, según Pinheiro, "hay problemas de inseguridad ciudadana que son comunes a todos los países de la región".
Sin embargo, anota, para hacer frente a estos problemas comunes, la CIDH, con sede en Washington, no cree posible "definir los términos de una política homogénea para enfrentar esta situación".
La situación, agrega, se empeora "por la falta de respuestas o por las respuestas ineficientes" de los Gobiernos, lo cual genera "efectos negativos" en las democracias de la región.
El informe, explicó Pinheiro, fue elaborado de forma conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.Fue un proceso de elaboración extremadamente participativo" que tomó en cuenta las informaciones oficiales proporcionadas por los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de los países de la región, aseguró Pinheiro.
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