santo domingo Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia un recurso pidiendo declarar nula la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y demandó que el alto tribunal actúe como un garante de la institucionalidad en lo que se crea el Tribunal Constitucional.
El anuncio fue hecho este viernes por el presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado, quien dijo que el recurso de inconstitucionalidad será elevado por ante la SCJ en los primeros días de la próxima semana, por haber sido aprobada esa legislación en abierta violación a la Constitución de la República.
Vargas Maldonado advirtió que de permitirse ese ilegal y funesto precedente, el Presidente de la República podrá observar a su antojo todas las leyes orgánicas, desde la Ley Monetaria y Financiera hasta la que regulará los referendos, y sencillamente hacerse aprobar sus iniciativas con la mayoría simple de las leyes ordinarias.
Significó que las leyes orgánicas, tal como han señalado a unanimidad los constitucionalistas dominicanos, y como resulta claro de la simple lectura de la Constitución, fueron incluidas en la Carta Magna para propiciar una democracia en la que las decisiones más importantes sean adoptadas con la debida participación de mayorías y minorías.
Manifestó que “aquí no está en juego sólo la designación de las Altas Cortes (Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral) por un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) controlado totalmente por el Poder Ejecutivo, están en juego además las esencias mismas de la democracia dominicana”.
Dijo que resulta penoso e indignante que el presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abjuren de la Constitución que ayudaron a establecer, y que sea la oposición la que tenga que salir en su defensa”,
Afirmó que el PRD estará de frente a los atropellos del gobierno del PLD a la institucionalidad nacional, y al lado de la sociedad civil en sus justas demandas para que el Poder Ejecutivo y los legisladores del PLD se sometan a la constitucionalidad.
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