El director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DCPA), anunció ayer el sometimiento a la justicia de siete expedientes de presuntos actos de corrupción que involucra a 15 funcionarios del Gobierno y dos ex alcaldes de La Victoria y de Los Alcarrizos.
El doctor Hotoniel Bonilla dijo que entre los expediente que serán remitidos a los tribunales se encuentran los casos del Seguro Médico de los Maestros (SEMMA), de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), de PROMESE, una de las denominadas Farmacia del Pueblo, de Salud Pública, los ex síndicos de Los Alcarrizos y La Victoria, bajo la acusación de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos.
El director de la DPCA dijo además, que están avanzados los casos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Lotería Nacional, y el de FENATRANO, entre otros.
El funcionario sostuvo que en contra de los involucrados se solicitará en las próximas horas medidas de coerción por ante los juzgados de la instrucción correspondiente.
Entre los expedientes que serán remitidos a los tribunales se encuentra el caso del Seguro Médico de los Maestros (SEMMA), donde se involucra Fernando Conde Modesto, ex director médico de esa entidad; a Marcelino Río Guzmán, ex director administrativo y financiero de esa institución; Eddy Leonaldo Terrero, encargado del Departamento de Auditoria; Luis Sánchez Paredes, encargado del Departamento de Tesorería y Bélgica Díaz Moreno, encargados del Departamento de Educación.
Según el director de la DPCA el grupo fue investigado en torno al manejo de RD$540 millones, que según la Cámara de Cuentas dichos recursos han sido malversados a través de diversas modalidades fraudulentas, entre los que figuran tipo penales de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores.
Se recuerda que la ex directora ejecutiva del Seguro Médico para Maestros, Taína Gautreau, apoderó por ante la DPCA el expediente acusatorio de un grupo de funcionarios y empleados suspendidos en esa institución, por presunta comisión de anomalías e irregularidades por un monto millonario.
Una auditoría que había realizado la Cámara de Cuentas a la ARS-Semma detectó la existencia de graves irregularidades y la materialización de pagos millonarios por servicios no prestados, que involucran al referido grupo de funcionarios y empleados suspendidos por la dirección del seguro. También que se incurrió en la modificación de reglamentos para comprar vehículos, pago en avances de salarios, préstamos personales y reparación de autos sin previa aprobación, del Consejo de Directores, por cuyo concepto el Semma perdió millones pesos.
Asimismo, el organismo anticorrupción anunció que presentará acusación contra de María Patria Vásquez, funcionaria de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), por presuntamente sustraer RD$908,851 en perjuicio de la institución.
OTRAS ACUSACIONES CONTRA FUNCIONARIOSTambién se presentará acusación contra Celeste Francisca Morel Oviedo, quien se desempeñaba como empleada de Salud Pública, Región Sur por presuntamente haber distraído en su provecho RD$500 mil. Bonilla dijo que se presentará cargo en contra de Luis del Carmen Calderón, por alegadamente haber distraído RD$302,393, de una de la denominada Farmacia del Pueblo. También en contra de Mateo Villar Franco, por prevaricación y defalco, por haber sustraído RD$213,095, conforme a una denuncia de las autoridades de Promese.
Además se presentará acusación en contra del ex síndico de Los Alcarrizos, Ángel Luis Rodríguez y al tesorero de la entidad, José Beltré Melo, por malversar RD$15 millones, conforme a la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas. También a José Ramón Hernández, Fernando Alexis Guillermo y Pedro Abad, quienes se desempeñaban como síndico y tesorero de la Junta Municipal de La Victoria, de la provincia de Santo Domingo Norte, por malversar RD$20 millones. Además en contra de Junior Ruíz Santos, por prevaricación y desfalco al distraer RD$712, 055, conforme a una denuncia de Promese. Igualmente contra Odalis Hubieras Castro, ex funcionaria de la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien se atribuye la sustracción de RD$3.5 millones.
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