El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, reclamó hoy que se crea más en sus palabras que lo que se pueda decir con “carácter de chismes” en los cables de Wikileaks.
El magistrado respondió de esa forma a las dudas que se han externado en torno a la amistad que tiene con el vicepresidente de la SCJ, Luciano Pichardo, y la defensa que le hizo luego de la filtración de un cable que atribuyen a Subero haberle dicho al ex embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, que Pichardo había recibido 40 mil dólares de una persona no especificada.
“Tienen que creer más en mi palabra que lo que dice un cable”, enfatizó, tras indicar que las relaciones con la embajada de EEUU luego de las declaraciones han quedado como siempre, de forma diplomática y que no se ha establecido ningún tipo de comunicación.
Dijo que no solamente hubo conversaciones con Hertell, sino con otros diplomáticos que no hablaban nada de español, por lo que las inexactitudes pueden estar atribuidas al idioma.
Por otro lado, Subero manifestó que el Departamento de Inspectoría Judicial está apoderado de los embargos judiciales que se realizan de manera irregular, por lo que espera un informe sobre el particular.
Reiteró que apoya que sea el juez de la Ejecución de la Pena que se encargue de esas acciones.
Informó analizan qué procedimiento se utilizan con los recursos de inconstitucionalidad sometidos antes de la aprobación de la Ley que crea el Tribunal Constitucional, tras señalar que esa misma legislación prevé como se debe actuar ante esas acciones, las cuales requieren las opiniones del Procurador General de la República, del Congreso Nacional y la celebración de vistas públicas.
Reconoció que la SCJ ha sido tímida en el conocimiento de ese tipo de recurso, pero dijo que es que hay muchos.
Su reacción se produce debido a una pregunta sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por Participación Ciudadana en contra de la ley que otorga exoneraciones a los diputados para la compra de vehículos.
Subero habló luego de recibir un reconocimiento de parte del Patronato del Ministerio Público, presidido por el abogado Alberto Tavárez Fernández.
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