La SIP manifestó ayer satisfacción por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordena a República Dominicana a "establecer la verdad de los hechos" y "sancionar a los responsables" de la "desaparición forzada" del periodista Narciso González Medina.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, dijo que "este fallo es un paso determinante para hacer justicia en torno a cientos de casos impunes de crímenes contra periodistas en el hemisferio".
Mohme, director del diario peruano La República, agregó que "la SIP espera que el Gobierno de República Dominicana asuma su responsabilidad y acate las medidas de reparación que se estipulen en esta sentencia".
González Medina, periodista, abogado, profesor universitario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y activista, conocido como "Narcisazo", tenía 52 años cuando desapareció el 26 de mayo de 1994 en momentos en que salía de una sala de cine en Santo Domingo. Desde entonces se desconoce su paradero, según la SIP.
De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH divulgada el lunes, testigos dijeron que antes de su desaparición, González Medina estuvo en la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana.
El periodista, se agregó, estuvo "bajo custodia de autoridades estatales, aparentemente golpeado y en mal estado físico" en esas "dos últimas dependencias".
El expresidente de la SIP Rafael Molina, director del diario dominicano El Día, consultado el año pasado por esa corte en un proceso de audiencias públicas por el caso, recordó, en un testimonio escrito, que la desaparición de González Medina habría sido en represalia por sus "cuestionamientos públicos sobre los resultados de las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1994".
La SIP indicó en un comunicado que si bien el fallo de la CorteIDH no emite un pronunciamiento respecto de "las alegadas violaciones del derecho a la libertad de expresión" de la víctima, obliga al Estado dominicano a adoptar numerosas medidas para "reparar el crimen".
Entre otras disposiciones, la Corte ordenó continuar las investigaciones para establecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables; indemnizar a los familiares de la víctima y realizar una serie de actos y medidas de reconocimiento internacional que realcen la labor periodística, literaria y creativa de González Medina, según la SIP.
La organización, con sede en Miami, informó que desde 1987 a la fecha se desconoce el paradero de 21 periodistas en las Américas y otros 387 fueron asesinados.
Entre los periodistas asesinados mencionó a José Agustín Silvestre y Juan Andújar, que murieron en 2011 y 2004 respectivamente en República Dominicana.
La SIP también ha seguido el caso de Luis Orlando Martínez, ultimado en Santo Domingo en 1975, "crimen por el cual están encarceladas tres personas".
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