Unas treinta importantes figuras de los ámbitos público y privado, incluidos prominentes empresarios, han sido víctimas del delito de hackeo y accesos ilícitos a sus cuentas de correos electrónicos, de acuerdo a la investigación que siguen las autoridades que ya está en su fase final.
Una fuente dijo a LISTÍN DIARIO que próximamente el ministerio público pedirá medidas de coerción en contra de los investigados en este caso.
De acuerdo a la investigación, dijo la fuente, una de las personas interrogadas tenía una lista de claves de correos electrónicos para acceder a las cuentas de personalidades del ámbito privado.
Igualmente, determinaron que los investigados accedieron a los chats de teléfonos inteligentes de importantes personalidades a los fines de obtener informaciones para intereses particulares.
Concluyeron que al menos en dos países tenían contactos a quienes les suministraban direcciones de correos electrónicos para que les consiguieran sus claves de ingreso, por lo cual hacían pagos en dólares.
Se informó que “los posibles imputados estarían creando una especie de cortina de humo argumentando que podrían ser víctimas de un atentado para distraer la atención de los resultados de la investigación”.
LISTÍN DIARIO publicó en febrero pasado que una fuente le comunicó que apoyados en un amplio legajo de evidencias que incluían una amplia relación de llamadas telefónicas y correos electrónicos intervenidos con autorización judicial, los investigadores acordaron poner en marcha un operativo para detener al o los responsables de violar la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
Días después, autoridades del ministerio público y la Policía Nacional allanaron de manera simultánea las oficinas y residencia del periodista Guillermo Gómez, como parte del seguimiento a una investigación de que era objeto su hijo José Ángel Gómez (Jochi).
El día de las elecciones presidenciales, el 20 de mayo pasado, el hijo de Gómez fue arrestado e investigado por menos de 48 horas en la Fiscalía del Distrito Nacional.
A solicitud de la Fiscalía, la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito, magistrada Rosalba Garib, dictó la orden de arresto 367-mayo 2012, la cual se ejecutó la tarde del domingo 20 de mayo.
De acuerdo a la versión de las autoridades, Gómez estaba siendo objeto de una investigación en la que contactaron que supuestamente realizó conexiones con dos extranjeros a quienes les llegó a suministrar una suma indeterminada de dólares, con el objetivo de crear una situación de saturación en las redes de la Junta Central Electoral (JCE) que afectara la transmisión de datos.
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HIJO DE GUILLERMO GÓMEZ IMPLICADO
El día de las elecciones presidenciales, el 20 de mayo pasado, el hijo de Gómez fue arrestado e investigado por menos de 48 horas en la Fiscalía del Distrito Nacional.
A solicitud de la Fiscalía, la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito, magistrada Rosalba Garib, dictó la orden de arresto 367-mayo 2012, la cual se ejecutó la tarde del domingo 20 de mayo.
De acuerdo a la versión de las autoridades, Gómez estaba siendo objeto de una investigación en la que contactaron que supuestamente realizó conexiones con dos extranjeros a quienes les llegó a suministrar una suma indeterminada de dólares, con el objetivo de crear una situación de saturación en las redes de la Junta Central Electoral (JCE) que afectara la transmisión de datos.
HIJO DE GUILLERMO GÓMEZ IMPLICADO
El día de las elecciones presidenciales, el 20 de mayo pasado, el hijo de Gómez fue arrestado e investigado por menos de 48 horas en la Fiscalía del Distrito Nacional.
A solicitud de la Fiscalía, la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito, magistrada Rosalba Garib, dictó la orden de arresto 367-mayo 2012, la cual se ejecutó la tarde del domingo 20 de mayo.
De acuerdo a la versión de las autoridades, Gómez estaba siendo objeto de una investigación en la que contactaron que supuestamente realizó conexiones con dos extranjeros a quienes les llegó a suministrar una suma indeterminada de dólares, con el objetivo de crear una situación de saturación en las redes de la Junta Central Electoral (JCE) que afectara la transmisión de datos.
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