El motín policial que comenzó con la toma violenta de un cuartel ubicado a pocos pasos del palacio presidencial de Bolivia se extendió el viernes a la mayoría de las ciudades poniendo en vilo al gobierno de Evo Morales.
Los amotinados, en su mayoría vestidos de civil, tomaron un segundo cuartel policial cercano al palacio presidencial, prendieron fuego al edificio y atizaron una hoguera en la calle con muebles y documentos mientras exigían mejoras salariales.
En Santa Cruz, Cochambamba, Oruro, Sucre y Tarija la policía se replegó a sus cuarteles pacíficamente y dejó a las ciudades sin patrullaje en las calles, según informes de medios locales y de dirigentes de los policías amotinados. El movimiento no es secundado por los oficiales.
"La confrontación no es el camino adecuado para lograr reivindicaciones. Pido a mis camaradas reflexionar y deponer medidas de presión para sentarse a negociar con el alto mando", dijo el viernes el Comandante General coronel Víctor Maldonado en rueda de prensa.
Por su parte, el ministro de Gobierno Carlos Romero pidió a los amotinados "dejar las medidas de presión y volver" a sus funciones.
Romero explicó en rueda de prensa que "queremos seguir trabajando para cerrar la brecha entre los salarios de los oficiales y el de los policías de base pero el camino no es la presión, la toma y destrozos de bienes públicos y documentos".
La protesta comenzó la semana pasada con un campamento de las esposas frente a algunas unidades policiales en La Paz y se agravó el jueves con la toma de un cuartel antidisturbios ubicado a unos cien metros del palacio presidencial cuando los bolivianos celebraban el Año Nuevo Aymara, una emblemática fecha instituida por Morales.
Desde el jueves las puertas del palacio presidencial permanecen cerradas y soldados de la policía militar resguardan el edificio con armas largas. Los policías amotinados en los cuarteles cubren sus rostros con pasamontañas y están parapetados con fusiles.
"Es el conflicto más complicado que afronta Morales y si no se resuelve pacíficamente podría detonar una crisis política como en el pasado", dijo a The Associated Press el analista político Carlos Cordero. El mandatario debió anticipar su regreso desde Brasil, donde participaba de la cumbre Rio+20, para atender la situación y llamó a un gabinete de emergencia, según Romero.
En febrero de 2003 un motín policial por mejores salarios derivó en un enfrentamiento armado con la guardia militar presidencial que dejó 19 muertos y detonó en octubre de ese año una revuelta popular que obligó a renunciar y huir del país al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 manifestantes.
"Si no se pacifica la situación el gobierno se vería obligado a sacar a los militares a las calles. El escenario es difícil", según Cordero.
La tropa policial demanda que sus salarios se equiparen a los de las fuerzas armadas y se derogue una norma reciente que castiga son severidad la indisciplina.
Con 33.000 efectivos, el salario de un policía de base equivale a 194 dólares al mes, 50 dólares más que el salario mínimo vital y 94 dólares menos de lo que gana un sargento en las fuerzas armadas.
De origen aymara, Morales es el primer indígena que gobierna Bolivia tras el derrumbe de los partidos tradicionales. En su primera gestión (2006-2010) impulsó una nueva constitución que dio más poder a los indígenas, pero a partir de su segundo mandato su popularidad cayó a 43%, según diversas encuestas, tras un fallido aumento de precios en los carburantes que detonó duras protestas callejeras.
Desde entonces afronta periódicas protestas por diversas demandas pero ninguna de ellas ha provocado hasta ahora una crisis política.
Morales todavía es fuerte ante una oposición reducida y dividida, pero las manifestaciones callejeras vienen de sindicatos que antes lo respaldaban.
El mandatario privilegió su relación con los militares que forman parte de su círculo más cercano. Les mejoró el salario y los dotó de equipamiento mientras que se distanció de la policía, de la que dijo que no acompaña los cambios de su gobierno.
La policía es vista como una de las instituciones más corruptas. Morales cambió a siete comandantes en seis años, varios de ellos por denuncias de corrupción.
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