La CIDH advierte de que varias decenas de personas sufrieron detenciones arbitrarias
Washington (EE.UU.).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) expulsiones masivas que han tenido lugar en República Dominicana por motivos raciales, informó hoy el organismo en un comunicado.
La CIDH advierte de que varias decenas de personas sufrieron detenciones arbitrarias y fueron expulsados del territorio de República Dominicana hacia Haití en 1994, 1995, 1998, 1999 y 2000.
"Las expulsiones sumarias se produjeron en un contexto de expulsiones colectivas y masivas de personas, que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con la República Dominicana", explica la CIDH.
Según el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "las características fenotípicas y el color más oscuro de la piel fueron elementos determinantes al momento de seleccionar a las personas que iban a ser expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación".
Además la CIDH agregó que el procedimiento de repatriación vigente en el momento de los hechos no se aplicó, sino que se trató de "expulsiones de facto, fundadas en prejuicios raciales, sin ningún sustento legal ni revisión administrativa o judicial posterior".
"No existió orden de arresto de la autoridad competente ni proceso administrativo o judicial abierto en relación con estas personas. Las víctimas no contaron con asistencia jurídica, ni tuvieron posibilidad de recurrir la decisión adoptada, ni existió una orden de la autoridad competente, independiente e imparcial que decidiera su deportación", subrayó el organismo.
Algunas de las víctimas expulsadas eran nacionales dominicanos y poseían la documentación pertinente para acreditarlo, sin embargo, durante su "detención arbitraria y expulsión", no tuvieron oportunidad formal para presentarla y en los casos en los que lo hicieron, los oficiales dominicanos la destruyeron.
"El caso se envió a la CorteIDH el 12 de julio de 2012 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso", informó la Comisión.
En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado permitir que todas las víctimas que todavía se encuentran en Haití puedan regresar a República Dominicana.
Además, pidió que reconozca la nacionalidad dominicana de los afectados, les entregue la documentación necesaria para acreditar su nacimiento en territorio dominicano, o garantice que los nacionales haitianos puedan permanecer en territorio dominicano con sus familias, según el caso.
La CIDH advierte de que varias decenas de personas sufrieron detenciones arbitrarias y fueron expulsados del territorio de República Dominicana hacia Haití en 1994, 1995, 1998, 1999 y 2000.
"Las expulsiones sumarias se produjeron en un contexto de expulsiones colectivas y masivas de personas, que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con la República Dominicana", explica la CIDH.
Según el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), "las características fenotípicas y el color más oscuro de la piel fueron elementos determinantes al momento de seleccionar a las personas que iban a ser expulsadas, lo que demuestra un patrón de discriminación".
Además la CIDH agregó que el procedimiento de repatriación vigente en el momento de los hechos no se aplicó, sino que se trató de "expulsiones de facto, fundadas en prejuicios raciales, sin ningún sustento legal ni revisión administrativa o judicial posterior".
"No existió orden de arresto de la autoridad competente ni proceso administrativo o judicial abierto en relación con estas personas. Las víctimas no contaron con asistencia jurídica, ni tuvieron posibilidad de recurrir la decisión adoptada, ni existió una orden de la autoridad competente, independiente e imparcial que decidiera su deportación", subrayó el organismo.
Algunas de las víctimas expulsadas eran nacionales dominicanos y poseían la documentación pertinente para acreditarlo, sin embargo, durante su "detención arbitraria y expulsión", no tuvieron oportunidad formal para presentarla y en los casos en los que lo hicieron, los oficiales dominicanos la destruyeron.
"El caso se envió a la CorteIDH el 12 de julio de 2012 porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso", informó la Comisión.
En dicho informe, la Comisión Interamericana recomendó al Estado permitir que todas las víctimas que todavía se encuentran en Haití puedan regresar a República Dominicana.
Además, pidió que reconozca la nacionalidad dominicana de los afectados, les entregue la documentación necesaria para acreditar su nacimiento en territorio dominicano, o garantice que los nacionales haitianos puedan permanecer en territorio dominicano con sus familias, según el caso.
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