lunes, 20 de mayo de 2013

Nueva ley PN tipificaría soborno, amiguismo y agentes en manos de particulares


El proyecto de Ley Orgánica de la Policía sometido por el gobierno al Congreso Nacional contempla una serie de prohibiciones a los miembros de la Policía que incluye solicitar o aceptar recompensas, prevalerse de influencias para conseguir beneficios y que agentes realicen trabajos para el sector privado.
Del proyecto de ley ser aprobado como está, quedará prohibido a todo policía participar directa o indirectamente en negocios vinculados a la provisión de servicios privados o particulares de seguridad y desempeñar cargos públicos remunerados, salvo si se presta en el área de educación.
Esto último debido a que el proyecto de Ley contempla en su artículo 92 que la función de policía solo es compatible con la docencia, siempre que ese servicio se preste en jornadas distintas a las que tienen asignadas.
El proyecto que derogaría la Ley 96-04 de la Policía Nacional, de fecha 5 de febrero del 2004, plantea en el artículo 91 que los miembros de la institución no podrán solicitar o aceptar obsequios o recompensas por actos propios de sus cargos ni valerse de recomendaciones o influencias para cualquier privilegio.
Las nuevas disposiciones buscan crear una transformación en la Policía Nacional y adecuar las normas vigentes de esa institución como parte del Plan de Seguridad Ciudadana lanzado en marzo pasado por el presidente Danilo Medina.
El proyecto establece que todo miembro de la Policía tendrá prohibido inducir a otro agente a realizar un acto ilícito así como cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
Otro elemento que introduce el nuevo proyecto presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo es que el Consejo Superior Policial creará un reglamento para establecer las “Reglas sobre uso de la fuerza”, lo que determinará cuando un agente deberá usar la fuerza.
En su artículo 55 el proyecto establece que el uso de armas de fuego será solo en defensa propia y de otras personas en caso de peligro inminente y con proporcionalidad a la gravedad de los hechos.
La nueva ley prohibiría además el traspaso de oficiales generales o coroneles de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y viceversa y el porte o tenencia de armas diferentes a las asignadas para el desempeño de las funciones de los agentes policiales.
Durante los últimos años los gobiernos dominicanos han anunciado con “bombos y platillos” la reforma de la Policía Nacional, uno de los últimos ocurrió en el 2009 durante la gestión del expresidente Leonel Fernández.
Se recuerda que el entonces secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, dijo que la Policía sería “transformada” con el objetivo de hacerla más eficaz y dotarla de nuevos métodos y que para ello se tenía el apoyo de las instituciones del orden público de Nueva York, New Jersey y de Colombia.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha solicitado en numerosas ocasiones reformas urgentes en la Policía dominicana a fin de afrontar los alarmantes casos de muertes y torturas ocurrida en el país.
AI destacó en un informe del año pasado que entre enero y julio de 2011, 154 personas murieron a manos de la policía, en comparación con los 125 en el mismo periodo de 2010.
La gran mayoría de los casos de muertes, agregó, se produjeron por un “intercambio de disparos” con sospechosos criminales.
En marzo pasado, el presidente Medina pidió a toda la sociedad dominicana, incluyendo a los líderes, apoyar el Plan de Seguridad Ciudadana y confiar en el trabajo que están haciendo las autoridades.

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