Una propuesta de reglamento sobre el procedimiento para la colocación de localizadores electrónicos, como medida de coerción, prevé la posibilidad de que sea puesto a víctimas de violencia de género, cuando el ministerio público decida proporcionar los medios para dotarlas de un dispositivo similar para disminuir el riesgo de violencia por parte de su agresor.
La propuesta de reglamento fue elaborada por el Observatorio Judicial Dominicano de la FundaciÚn Global Democracia y Desarrollo (OJD-Funglode) y fue entregada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 18 de abril de este año, a través del magistrado Alejandro Moscoso Segarra, quien coordina el proyecto de implementación del monitoreo a través de localizador electrónico.
Buscan consenso
Harold Modesto, director del observatorio, explicó que la propuesta se ha socializado con los jueces del país para que hagan sus aportes. Indicó que ya se les presentó a los magistrados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y que este mes irán a Santiago. Dijo que luego será sometido al Pleno de la SCJ.
“La idea es que el reglamento sea fruto del consenso entre los jueces”, enfatizó. El director del OJD-Funglode puntualizó que el proyecto de reglamento es el resultado de una ardua labor de investigación de la entidad acerca de las alternativas a la imposición de la prisión preventiva en América Latina.
Resaltó que la iniciativa ha sido motivada por el hecho de que han transcurrido 11 años desde el inicio de la implementación del Código Procesal Penal, en el año 2004, sin que se dieran las condiciones para que los jueces y juezas del país consideraran la colocación de localizadores electrónicos.
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