Estévez reafirmó el compromiso de la alta corte de cumplir fielmente con el mandato establecido en el art. 184 de la Constitución, que les encomienda garantizar la supremacía del texto fundamental
Imagen sin descripción Santo Domingo. – En conmemoración del 180 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, el juez presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, pronunció un discurso en la audiencia solemne en el que resaltó la importancia de difundir los derechos fundamentales y fomentar el respeto hacia la Carta Magna.
Durante la ceremonia, Estévez señaló que en el acto los jueces que componen el pleno iban a abordar diversos puntos con la intención de fortalecer el vínculo entre el Tribunal y la ciudadanía para promover una cultura de conciencia constitucional.
Estévez reafirmó el compromiso de la alta corte de cumplir fielmente con el mandato establecido en el art. 184 de la Constitución, que les encomienda garantizar la supremacía del texto fundamental, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales.
«Esta es nuestra misión esencial y la hemos asumido con la más alta responsabilidad, conscientes de nuestro rol como garantes últimos de los derechos y libertades de todos», enfatizó Estévez Lavandier.
El presidente de la alta corte destacó que como muestra del cumplimiento del referido compromiso, de 976 expedientes fallados por el Tribunal Constitucional a la fecha de este año 2024, 242 de ellos han sido dictados en materia de amparo, es decir, sobre derechos fundamentales, lo que equivale al 25% de los casos resueltos.
Posteriormente, el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al derecho al medio ambiente, establecido en el artículo 67, indicando que el ejercicio del mismo va de la mano con la sostenibilidad, la restauración y la preservación.
La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, habló sobre el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado en el artículo 49 de la carta magna, al que calificó como pilar de la democracia. Resaltó la importancia de fomentar que el diálogo y la crítica constructiva se realicen dentro de un marco de respeto mutuo, pues «al hacerlo, protegemos el derecho al honor, la intimidad, y la dignidad de las personas, y también promovemos una cultura de paz».
El magistrado Domingo Gil hizo referencia el derecho al trabajo, establecido en el artículo 62 de la Constitución, e indicó que, junto al Código de Trabajo, reconoce un conjunto de derechos mínimos vitales «que han conquistado los trabajadores, hombres y mujeres, durante más de dos siglos de lucha incesante de lágrimas, sudor y sangre».
Por otro lado, el magistrado Fidias F. Aristy Payano se refirió al artículo 37, sobre el derecho a la vida. Dijo que esta alta corte garantiza su permanencia rechazando toda manifestación que tienda a establecer la pena de muerte o cualquiera otra forma que esté dirigida a restringir «el derecho más preciado del que gozan todas las personas».
El derecho a la propiedad fue tratado por el magistrado José Alejandro Ayuso, quien enfatizó que este derecho, establecido en el artículo 51 de la Constitución, desempeña un rol clave en el desarrollo económico y social de la nación, y que tanto la Declaración Universal como la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales sobre la materia, reconocen que «toda persona tiene derecho a la propiedad».
La magistrada Alba Luisa Beard Marcos expuso sobre el derecho a la intimidad y el honor personal, que se encuentra consagrado en el artículo 44 de la norma suprema, y dijo que corresponde a todos los poderes públicos su protección y, correlativamente, constituye un compromiso del Estado democrático y de los particulares contribuir a la preservación de los mismos y sus garantías.
El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega se refirió al derecho a la igualdad, dispuesto en el artículo 39 de la carta magna. Precisó que esta alta corte ha sido enfática en la protección de este derecho, y que se espera que los poderes del Estado tengan siempre presente que están llamados a dar pasos firmes para reducir cualquier brecha existente en la República Dominicana.
De su lado, la magistrada Sonia Díaz Inoa hizo énfasis en el derecho a la salud, establecido en el artículo 61 de la Constitución, sobre el cual afirmó que la plena realización del mismo es una de las tareas esenciales de los Estados sociales y democráticos de derecho. Aclaró que esto supone «retos significativos para los gobernantes y para quienes tenemos la responsabilidad de garantizar su justiciabilidad».
La magistrada Army Ferreira trató el derecho a la libertad y seguridad personal, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, del cual afirmó que es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, por lo que garantizarlo «es más que un deber, un compromiso, que conmina al Estado en su conjunto, pues de no hacerlo, el resto del catálogo de derechos carecería de efectividad y el sostenimiento de nuestro Estado de derecho se convertiría en una simple aspiración teórica».
El magistrado Amaury A. Reyes Torres indicó que, el derecho al libre desarrollo a la personalidad, establecido en el artículo 43, constituye, junto a la dignidad e igualdad, uno de los pilares fundamentales en una democracia republicana como es la República Dominicana, «donde todos somos individuos libres e iguales, sujetos a igual consideración y respeto». Resaltó que esto «coloca al individuo autónomo y autodeterminable en el centro de toda actividad estatal».
Al dirigirse a los presentes, la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera se refirió al artículo 55 de la Constitución, que consagra los derechos de la familia. Afirmó que esta alta corte se ha basado en él para desarrollar, en sus sentencias, criterios más específicos que han impactado positivamente a la sociedad dominicana.
Asimismo, el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el derecho a la protección de los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de edad, establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución, y afirmó que este Tribunal Constitucional es un verdadero guardián de los derechos fundamentales de todas las personas, «y en especial y de forma reforzada, de aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad».
La audiencia solemne, realizada en el Auditorio Menor Profesor Amarabis Suero del Instituto Politécnico Loyola de la ciudad de San Cristóbal, cuna de la Constitución, forma parte de los actos del Mes de la Constitución, con los que esta alta corte busca impactar y sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad dominicana sobre la importancia de atesorar nuestra carta magna.
La comisión organizadora del Mes de la Constitución la integran la magistrada Sonia Díaz Inoa, quien la coordina; la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente del TC; y el magistrado Amaury A. Reyes Torres.
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