Casa Nacional del PLD Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logro un efecto opuesto al que se proponía lograr con la realización de una consulta entre militantes y externos al partido para escoger un candidato presidencial antes de tiempo.
Es decir, en vez de cohesionar y fortalecerse al menos de momento parecen divididos y debilitados.
Este miércoles la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap) notificó de la suspensión de la referida consulta y que el partido se ajustaría a los plazos legales.
Lo hicieron argumentando que se trató de un boicot sin precedentes a una organización política cuya finalidad era consultar a su base de militantes, así como a la ciudadanía en un momento que, según expresaron, faltan ejercicios democráticos similares.
Interferencias en la consulta desde el inicio
La teoría en torno a la consulta era bonita y hasta convincente. Querían correr con un candidato unificado mucho antes de los tiempos de campaña para poder competir en “igualdad de condiciones” con el oficialista Revolucionario Moderno (PRM) y sus archirrivales de la Fuerza del Pueblo (FP).
El punto es que esa estrategia no era nueva. Lo habían intentado en el proceso anterior y no les resultó. Abel Martínez apenas logró un 10% de intención del voto, aunque corrió con mucho tiempo de antelación y con el partido parcialmente unificado en torno a su candidatura.
Pero ahora, ahora se les opuso la JCE (que en su momento validó la realización de la consulta del 2022 tras rechazarla públicamente) desde afuera y se les opusieron directa o indirectamente sus propios aspirantes presidenciales.
Realizar dicha consulta bajo esas condiciones restaría legitimidad al proceso y obligaría al PLD a realizar un segundo proceso de selección en los tiempos legales más allá de las simplezas que propone la Ley para la escogencia de candidatos como son las encuestas y las convenciones de delegados.
Primeras oposiciones a consulta PLD
Cuando el PLD empezó su proceso de reorganización interna y en una visita al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, se les preguntó si volverían a repetir la idea de hacer una consulta y, en ese momento, dijeron que no.
Las cosas cambiaron. Una decisión del Comité Político que luego fue refrendada por el Comité Central en febrero de 2026 fijó como plazo el 3 de abril de ese mismo año para que los aspirantes presidenciales reportaran su intención.
Sorpresa. El único que se inscribió fue Francisco Javier García. Lo hizo el 21 de marzo de ese mismo año acompañado de una nutrida delegación de dirigentes del PLD e incluso, invitó a sus competidores a hacer lo mismo.
Ante la negativa de los demás aspirantes a matricularse de manera formal, la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap) empezó a reunirse con ellos de manera particular. Lo hicieron con Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, pero también con Margarita Cedeño y Juan Ariel Jiménez.
Este último, envió una carta al Comité Político advirtiendo que hacer dicho proceso al margen de la Ley mandaría una mala señal a la ciudadanía sobretodo, porque se trataba de una ley impulsada por el mismo PLD.
Proponía en su misiva la creación de un frente opositor junto a todos los aspirantes presidenciales.
Luego, Francisco Domínguez Brito, también mostró rechazo, aunque de manera indirecta. Su equipo consultó a la JCE y el organismo respondió advirtiendo que la consulta se trataba de un proceso irregular.
Oposición externa
A estas crisis internas se sumaron elementos externos. Entre ellos la sentencia del Tribunal Superior Electoral 0011/2025 que anuló el acto inicial del Comité Político, luego unos tres expedientes más fueron conocidos por la misma alta corte que pedían en esencia, suspender todo el proceso.
También la decisión de la JCE de no prestar la cantidad de equipos requeridos para implementar una votación automatizada en el proceso, así como la imposibilidad de utilizar centros educativos públicos para la realización del evento.
Lo último fue las discrepancias en torno al padrón de electores que fue duramente cuestionado por Francisco Javier García. Este insistió en que se excluyeron 523 mil electores, aunque la comisión respondió afirmando que se trataban de personas que estaban matriculadas en otros partidos políticos.
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