Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez obtuvo la variación de la medida de coerción, tras admitir los hechos que se le atribuyen, según informó Wilson Camacho
Imputados en caso SenasaJORGE MARTÍNEZ La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a siete de los ocho imputados que recurrieron la medida de coerción en la segunda fase del caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominada SeNaSa 2.0-A.
El tribunal, presidido por la magistrada Ysis Muñiz e integrado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, acogió parcialmente los recursos de apelación presentados por los procesados y dispuso mantener en prisión a Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar.
Los siete imputados deberán continuar cumpliendo la prisión preventiva en los centros penitenciarios Las Parras y Najayo-Mujeres, según corresponda.
Sin embargo, la Corte varió la medida de coerción impuesta a Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, a quien dispuso el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, arresto domiciliario y el pago de una garantía económica.
Al ofrecer declaraciones sobre la decisión, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que el tribunal tomó en cuenta que la imputada modificó su postura frente a los hechos que se le atribuyen, al admitirlos, contrario a lo que había sostenido en instancias anteriores.
La representación del Ministerio Público estuvo integrada, además, por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; los fiscales litigantes Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría, así como el procurador de Corte José Manuel Aguiló.
Los imputados acudieron ante los jueces de la jurisdicción de alzada, ubicada en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, en procura de que les fuera revocada la prisión preventiva impuesta por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.
Los recursos fueron presentados por sus abogados, entre ellos Bernardo Santiago, Harol Alberto Echavarría Gómez, Rafael Segundo Ortega Grullón y Omar Chapman.
OTROS IMPUTADOS CON ARRESTO DOMICILIARIO
En este proceso también figuran otros imputados a quienes les fueron impuestas medidas de coerción menos gravosas, entre ellas arresto domiciliario.
En ese grupo se encuentran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo también les fue impuesta una garantía económica de dos millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, e impedimento de salida del país.
Mientras que a Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos, a través de una aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario.
Asimismo, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantías económicas de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO FRAUDE EN SENASA
El caso SeNaSa 2.0-A constituye una segunda fase de las investigaciones del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
El órgano persecutor investiga una supuesta estructura que habría defraudado recursos públicos mediante la facturación y el cobro de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidades de afiliados y la vulneración de las bases de datos de la aseguradora estatal.
La investigación tuvo como punto de partida una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, a raíz de irregularidades detectadas en las autorizaciones de servicios médicos.
El Ministerio Público procura establecer la participación individual de los involucrados y determinar el alcance económico de las operaciones fraudulentas que presuntamente habrían afectado los recursos destinados a garantizar los servicios de salud de los afiliados.
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