El llamado a paro es formulado por decenas de organizaciones populares y de izquierda agrupadas en el Foro Social Alternativo y en el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), en reclamo de un aumento general de salarios para los trabajadores públicos y privados, el otorgamiento al sector de la educación del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como ordena la Constitución, así como la reducción de los precios de los combustibles y de la factura eléctrica.
Las autoridades, sin embargo, tildan de “irracionales” la mayoría de esas demandas en las que ven solo objetivos “políticos”.
La huelga cuenta, además, con el respaldo de gremios sindicales como la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano).

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