La ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, informó este miércoles que en el país hay actualmente 243,785 armas de fuego en manos de civiles, un aumento en comparación con las 230,000 registradas en 2020.
Raful señaló que, aunque el incremento no es desproporcionado, es necesario replantear el sistema de registro de armas y fortalecer su control.
«Hemos asumido el desafío de mejorar el registro y hemos invertido en infraestructura tecnológica para optimizar este proceso», afirmó.
Asimismo, destacó que la seguridad ciudadana es una prioridad regional y que se trabaja para prevenir el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, factores que inciden en la violencia y el crimen organizado en la región.

Acuerdo para combatir el tráfico de armas
En este contexto, ministros de seguridad y altos funcionarios de siete países de Centroamérica y República Dominicana firmaron la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos, un instrumento regional que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo en la región.
A pesar de avances en la lucha contra la violencia armada, la región sigue enfrentando altos índices de homicidios, con un promedio de 17.3 por cada 100,000 habitantes en 2023. En 2022, el 80% de los homicidios en la subregión fueron cometidos con armas de fuego.
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La Hoja de Ruta se estructura en cuatro ejes fundamentales:
- Fortalecimiento normativo y cooperación entre países.
- Control del ciclo de vida de las armas.
- Mejora en la investigación y persecución del tráfico ilegal.
- Prevención de la violencia con armas de fuego.
Cada país desarrollará un Plan de Acción Nacional con el apoyo de la OEA, UNLIREC y el SICA, incorporando tecnologías avanzadas, protocolos de rastreo y mecanismos de intercambio de información.
Además, el acuerdo contempla programas de prevención de violencia en comunidades y escuelas, campañas de sensibilización y entrega voluntaria de armas.
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La firma de este instrumento se realizó en la sede de la OEA, con la participación de autoridades de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Panamá, Belice, Costa Rica y El Salvador, así como representantes del SICA y otros organismos internacionales.
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