El juez de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional advirtió sobre el impacto negativo que tendrá la implementación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal.

El juez Rafael Báez.El magistrado Rafael Báez, juez de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, advirtió sobre el impacto negativo que tendrá la implementación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal, señalando que la medida agravará las deficiencias del sistema carcelario y aniquilará las posibilidades de rehabilitación de los internos.
El juez sostiene que el nuevo texto normativo introduce el concurso de infracciones, diferenciando el concurso ideal (una sola conducta con varios resultados) del concurso real (varias conductas con varios resultados).
A juicio del magistrado, bajo este esquema de concurso real, las condenas se ejecutarán de forma acumulativa, lo que permitirá a los tribunales imponer penas de prisión de hasta 60 años.
Alega que, en el ámbito jurídico, el cúmulo de penas es la figura que permite sumar o imponer de forma sucesiva las condenas de una persona culpable de múltiples delitos.
Aduce que el juez realiza una suma matemática de las penas de cada delito cometido y las impone de manera íntegra al procesado.
Explicó que no se suman todas las penas, sino que el juzgador impone exclusivamente la sanción correspondiente al delito más grave.
ALERTA SOBRE EL IMPACTO CARCELARIO
A pesar de los esfuerzos institucionales, Báez calificó el sistema penitenciario actual como "deficiente, precario y vulnerador de derechos fundamentales", argumentando que la inflación penal se traduce en un populismo punitivo que expande la reclusión sin ofrecer soluciones reales a la criminalidad.
"El cúmulo de penas resulta incompatible con el ordenamiento constitucional; con su aplicación se verán reducidas o aniquiladas las posibilidades de reinserción social descritas en la Carta Magna", afirmó el magistrado.
Citó los postulados de pensadores como Michel Foucault y Elías Neuman para fundamentar el fracaso histórico de la prisión como herramienta de resocialización.
En ese sentido, el juez advierte que las condenas excesivamente largas estimulan los efectos criminógenos, aumentan la reincidencia y convierten las cárceles en espacios de autogobierno y supervivencia violenta, generando un alto costo económico y social para el Estado dominicano.

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