El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convoca este domingo al voto de la población las reformas que marcarán el rumbo de su Administración, en un referéndum enfocado en combatir al crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo, que se celebra menos de un año después de las elecciones generales y en medio de una grave crisis energética, con apagones de hasta ocho horas al día.
Tras ganar las elecciones extraordinarias del año pasado, Noboa ya había adelantado su intención de celebrar este referéndum en los primeros cien días de su mandato, pero al final se hará cuando está a punto de cumplir cinco meses en el cargo.
Decisiones políticas en juego
Termómetro de popularidad en Ecuador
Y si bien la popularidad de Noboa se disparó desde enero con la declaración de “conflicto armado interno” para combatir a las bandas criminales, está por ver cómo ha influido en su aceptación la crisis energética que estalló esta semana, con apagones de hasta ocho horas al día.
También en las últimas semanas ha repuntado la violencia de las bandas criminales, que en los últimos años han llevado a que Ecuador sea uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Dos alcaldes asesinados en tres días
Asimismo, también se busca que los militares estén a cargo de controlar los accesos a las cárceles, el epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las bandas tenían el control interno de las prisiones y contaban en su interior con grandes arsenales de armas de fuego, explosivos y armas blancas.
Otra pregunta clave es la posibilidad de permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países.
Penas más duras en Ecuador
A ello se suma la propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que el armamento incautado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a las fuerzas, además de agilizar el trámite de expropiación de bienes origen ilícito.
Estas dos últimas medidas han suscitado el rechazo de formaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales al considerar que suponer perder soberanía nacional y generar costos mayores al Estado y precarizar el mercado laboral. POR AGENCIAS
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