La comisión formada por decreto por el presidente Danilo Medina para revisar el proceso de licitación y construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina determinó que el proceso de licitación de la obra fue de acuerdo a las leyes nacionales y en cumpliendo con los términos de referencia que se establecieron al inicio del proceso.
La Comisión también determinó que el precio establecido para la construcción de la central, está dentro de los parámetros internacionales para la con construcción de plantas de ese tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Sin embargo, entre sus recomendaciones afirmó que será necesario la modificación de la ley de contrataciones públicas.
La Comisión también determinó que el precio establecido para la construcción de la central, está dentro de los parámetros internacionales para la con construcción de plantas de ese tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Sin embargo, entre sus recomendaciones afirmó que será necesario la modificación de la ley de contrataciones públicas.
Un ApunteRecomendaciones de la comisiónLa comisión de personalidades presentó un informe que recoge los resultados de dos mil 500 horas/hombre de trabajo, miles de páginas de documentos. También decenas de entrevistas y un resumen ejecutivo, leído por Jaime Aristy Escuder. Recomendaron, dentro que la ley 340-06 sobre Contrataciones de Obras debe ser revisada porque pone en desventaja al Estado cuando se trata de adjudicaciones de obras de gran magnitud. De igual modo recomendó que la Procuraduría General de la República profundice la denuncia de sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de la obra.
La Comisión recomendó también que se debe concluir el proceso de construcción de la obra, debido, entre otras razones, a la gran inversión que se ha realizado.
De igual modo, en relación a la propuesta de cambiar el contratista Odebrecht, la comisión dijo que no es posible que las otras empresas que forman parte del consorcio estén en condiciones de terminar la misma sin la participación de la empresa brasileña.
También la Comisión recomendó que la Procuraduría General de la República amplíe las indagatorias relacionadas con el tema de los sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de esa obra. A tres legisladores se les impusieron medidas de coerción en relación a esa investigación de la Procuraduría.
El resumen ejecutivo de las conclusiones de la Comisión fue presentado esta mañana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El resumen fue leído por el doctor Jaime Aristy Escuder, miembro de la misma.
La comisión fue designada por el presidente Danilo Medina, mediante el Decreto 6-19 en fecha 10 de enero del año 2017.
La licitación se realizó el 15 de marzo de 2013, y la comisión tenía la autoridad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos, como disponía el decreto.
La comisión la presidió monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica; el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada (Conep); José Luis Corripio Estrada, empresario; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Además, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE, quien está preso en la Cárcel de Najayo, implicado en los sobornos de la empresa Odebrecth.
De igual modo, en relación a la propuesta de cambiar el contratista Odebrecht, la comisión dijo que no es posible que las otras empresas que forman parte del consorcio estén en condiciones de terminar la misma sin la participación de la empresa brasileña.
También la Comisión recomendó que la Procuraduría General de la República amplíe las indagatorias relacionadas con el tema de los sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de esa obra. A tres legisladores se les impusieron medidas de coerción en relación a esa investigación de la Procuraduría.
El resumen ejecutivo de las conclusiones de la Comisión fue presentado esta mañana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El resumen fue leído por el doctor Jaime Aristy Escuder, miembro de la misma.
La comisión fue designada por el presidente Danilo Medina, mediante el Decreto 6-19 en fecha 10 de enero del año 2017.
La licitación se realizó el 15 de marzo de 2013, y la comisión tenía la autoridad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos, como disponía el decreto.
La comisión la presidió monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica; el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada (Conep); José Luis Corripio Estrada, empresario; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Además, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE, quien está preso en la Cárcel de Najayo, implicado en los sobornos de la empresa Odebrecth.
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