Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó la ponencia “Inteligencia Económica contra Mercados Criminales” durante el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, donde propuso abordar el delito organizado desde su estructura empresarial y no como hechos aislados.
Durante su intervención, la magistrada explicó que el crimen organizado ha evolucionado hacia modelos de operación similares a los de una empresa, con análisis de oferta y demanda, diversificación de “líneas de productos” y estrategias orientadas a maximizar beneficios.
En ese sentido, sostuvo que las investigaciones deben centrarse en desarticular toda la cadena de valor del delito, desde su ejecución hasta la comercialización final.
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Principales mercados criminales identificados
Reynoso señaló que existen tres nichos de alta rentabilidad vinculados a actividades delictivas en el país:
- Robo de teléfonos móviles: representa cerca del 36 % de los robos, con un promedio de alrededor de 100 dispositivos sustraídos cada día.
- Robo de motocicletas: concentra más del 90 % de los robos de vehículos, utilizadas tanto como objeto del delito como herramienta logística.
- Robo de metales y medidores: actividad vinculada a la variación de los precios internacionales del cobre.
Crimen transnacional y nuevos desafíos
La procuradora advirtió que muchos de estos mercados operan bajo esquemas transnacionales conocidos como “Crimen como Servicio” (CaaS), donde los bienes robados pueden ser reactivados, desmantelados o comercializados en distintas jurisdicciones.
Ante esta realidad, enfatizó la necesidad de fortalecer la investigación patrimonial, el análisis financiero y la interoperabilidad entre instituciones.
Desmantelar la arquitectura criminal
Reynoso afirmó que la estrategia del Ministerio Público de la República Dominicana debe enfocarse en identificar y desmantelar toda la estructura operativa de las redes criminales.
Esto incluye la célula ejecutora, los intermediarios logísticos y los mercados finales, con el objetivo de reducir la rentabilidad del delito y cerrar espacios de impunidad en los mercados criminales.


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