El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, es el principal acusado en el caso Calamar.El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inicia este miércoles el juicio de fondo en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros implicados en el caso Calamar.
El tribunal presidido por la magistrada Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, iniciara a la 9:00 de las mañana, la primera audiencia del juicio de fondo en contra de los encartados en el sonado caso.
Para la audiencia fueron notificados la defensa de los imputados, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los abogados que representan al Estado dominicano encargado de las acciones de recuperación de activos.
El envío a juicio de fondo fue dispuesto previamente por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, al validar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.
En el caso figuran además como acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández.
Igualmente, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
Descargos en la fase preliminar
Durante la etapa previa del proceso, la jueza Ramírez dictó un auto de no ha lugar en favor de varios procesados, al determinar que las pruebas aportadas resultaban insuficientes para llevarlos a esta fase procesal.
Entre los favorecidos con esa medida figuran los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
La acusación
El caso Calamar es un expediente de corrupción administrativa instrumentado por el Ministerio Público, destapado en marzo de 2023. La red habría desfalcado al Estado por más de RD$19,000 millones.
Pagos irregulares y sobornos
De acuerdo con la acusación, los imputados integraban una red que habría desviado recursos millonarios mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y para el pago de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.
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