Siete años después del estallido chileno de 2019, las protestas por el costo de la vida en Francia, la crisis de vivienda en España y las políticas de ajuste de Javier Milei en Argentina muestran distintas expresiones de una tensión común: instituciones que no responden a las demandas sociales, en momentos en que, además de todo, la salud mental registra tantos descompensados.
Chile cumple este domingo 18 de octubre siete años del inicio de su histórico "estallido social", en medio de advertencias del presidente ultraderechista, José Antonio Kast, de que no tolerará la violencia, conmemoración que coincide con nuevas jornadas de protestas populares detonadas por un malestar social en Francia, España y Argentina, entre otras latitudes.
Cada país con sus problemas, con las diferencias propias sobre los orígenes y las repercusiones de estos, pero con un denominador común: el creciente malestar ciudadano por las condiciones de vida y la incapacidad de los gobiernos para ofrecer respuestas que las mejoren y no que las agraven.
En Francia, el encarecimiento de los combustibles, la carestía generalizada y las reivindicaciones estudiantiles han impulsado movilizaciones en París y otras ciudades, y este sábado fueron incendiarias. En España, el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda han convertido la crisis habitacional en uno de los principales focos del descontento. En Argentina, los recortes presupuestarios promovidos por el presidente Javier Milei han provocado nuevas protestas, especialmente en defensa de las universidades y la salud públicas.
La expresión "zurdos de mierda" es una frase recurrente utilizada por Milei contra políticos, periodistas, economistas y simpatizantes de izquierda o de ideas socialistas y estatistas -reales o atribuidas- que rechazan la desinversión pública, pero la misma palabra se la estampan como respuesta en toda Argentina, y asimismo la usan a modo de advertencia en el vecino Chile estos jóvenes del grupo La Literatúr, exalumnos de Balmaceda Arte Joven de la escritora Mili Rodríguez V.
Chile llega al aniversario del 18 de octubre de 2019 bajo la advertencia del presidente Kast de que su Gobierno no permitirá que se repitan los episodios de violencia registrados durante lo que llama "estallido delincuencial", que se prolongó durante casi medio año y derivó en dos frustrados procesos de reforma constitucional posteriores.
En la primera semana del "Chile despertó" se cumplieron marchas que se tienen como las más concurridas de toda la historia de Chile en un mismo día: 3 millones de los 20 millones que habitan el país más delgado del cono sur salieron a la calle, casi la mitad de ellos en la capital.
Kast no alude, claro está, a la violencia de los uniformados del Ejército y Carabineros de Chile que, según cifras de la Fiscalía, dejaron 464 manifestantes con traumas oculares, muchos completamente ciegos con certeros disparos al parecer previamente ensayados, número que excluye a detenidos torturados o jóvenes lanzados desde los puentes, a usanza de la dictadura pinochetista.
La concesión de libertad condicional a otro carabinero, condenado por dejar ciega a la entonces dirigente barrial y actual senadora Fabiola Campillai, ha reabierto la controversia sobre la calidad de la justicia chilena, la responsabilidad de los agentes estatales y los llamados «perdonazos».
Campillai fue impactada por una bomba lacrimógena en noviembre de 2019. La agresión le provocó la pérdida de la visión y de los sentidos del olfato y del gusto, además de otras secuelas. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las denuncias por uso excesivo de la fuerza y puntería al rostro.
Cada país tiene una historia política, unas condiciones económicas y unos mecanismos institucionales diferentes, aunque las movilizaciones permiten visualizar en cada caso lo que sucede cuando problemas cotidianos, como pagar el transporte público, el alquiler, llenar el depósito de combustible o sostener la educación pública, se convierten en símbolos de un malestar más amplio, que se agrava con insultos y provocaciones.
Los insultos y la manifiesta brutalidad también se complementan en Chile con gestos que levantan olas en el mar de las provocaciones. Destacó entre estos últimos el que protagonizó recientemente la diputada derechista vestida de carabinera, Javiera Rodríguez, quien hizo "que sus ahora colegas parlamentarios ciegos leyeran" en su espalda su mensaje sobre las "pensiones de gracia" que recibieron en compensación a la agresión estatal sufrida.
Chile: el aniversario de una crisis que cambió la agenda
El estallido social del llamado "Chile despertó" comenzó el 18 de octubre de 2019, después de que el aumento de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago decidida por el Gobierno derechista de Sebastián Piñera desencadenara masivas evasiones del pago del pasaje encarecido, protagonizadas por estudiantes menores de edad.
La protesta se extendió rápidamente y terminó expresando un descontento mucho más profundo que el rechazo a una subida de la tarifa del transporte público subterráneo, por lo demás anulada casi de inmediato tras los primeros incendios provocados en decenas y decenas de estaciones del Metro.
Las reivindicaciones incluyeron luego mejor acceso a la salud, educación, salarios dignos y reducción de las desigualdades. Cuestionaron un modelo económico y político que amplios sectores de la población chilena consideran incapaz de responder a sus necesidades.
La magnitud de las movilizaciones sorprendió a las autoridades. Así lo reveló la esposa del entonces presidente Piñera, quien exhortó a los más ricos a "disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás", para a renglón seguido achacar la violencia a activistas extranjeros con comportamientos beligerantes que atribuyó a "alienígenas".
Poco a poco, las movilizaciones dejaron de centrarse en el precio del transporte para convertirse en una expresión de descontento con las condiciones sociales, económicas y políticas del país. "No son 30 pesos, son 30 años", se coreaba.
La dictadura de Augusto Pinochet iniciada en 1973 acabó en 1990, pero tres décadas de democracia recuperada había acumulado cerros de frustraciones individuales y colectivas.
La crisis desembocó en un acuerdo político para iniciar un proceso constituyente destinado a reemplazar la Constitución heredada de la dictadura. Sin embargo, las propuestas constitucionales sometidas a plebiscito en 2022 y 2023 fueron rechazadas, la primera por ser "demasiado izquierdista" y la segunda por ser "demasiado derechista".
Este corresponsal reportó "in situ", desde Santiago de Chile, algunas jornadas de ese estallido social.
Siete años después, el estallido continúa siendo objeto de interpretaciones enfrentadas que no se agotan en el recuerdo, peor cuando se constata que las causas que lo alimentaron no solo se mantienen, sino que se profundizan.
Kast advierte que no permitirá otra jornada de violencia
El presidente actual chileno de ultraderecha Kast advirtió que su Gobierno enfrentará y luego perseguirá judicialmente a los responsables de los eventuales destrozos durante las manifestaciones convocadas para conmemorar este domingo el comienzo del estallido social.
«Tenemos claro que esto de 2019 no se puede repetir nunca más. Lo que vimos fue de una violencia irracional», afirmó el mandatario tras advertir que la fuerza pública está lista y preparada para volver a actuar contra los "octubristas", como se les denomina ahora a los más violentos.
Kast es presionado por pinochetistas como él para que reprima y a la vez conceda indultos a personas no solamente condenadas por hechos relacionados con el estallido social, sino también a los pocos asesinos y torturadores presos por atrocidades cometidas durante la dictadura militar.
Francia: el costo de la vida y la educación alimentan las protestas
Francia enfrentó este sábado una jornada de movilizaciones de un total nacional de unas 550 mil a 800 mil personas, entre estudiantes, colectivos ciudadanos y activistas del movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó protestas entre 2018 y 2019 contra los impuestos a los combustibles y el deterioro de las condiciones de vida.
En las protestas confluyen reivindicaciones relacionadas con el aumento de los precios de los carburantes, la carestía de la vida y las condiciones educativas.
Con las elecciones presidenciales agendadas para 2027, el descontento social también se proyecta sobre la disputa política. Los manifestantes, sin embargo, no apoyan una candidatura concreta.
Los más violentos, saquearon además tiendas de lujo y lanzaron fuegos artificiales a la policía en escenas replicadas en otras ciudades. “Este nivel de violencia es inaceptable”, dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y contabilizó el arresto de 1.200 personas y 150 policías heridos. Culpó a grupos de extrema izquierda: “claramente quieren usar estos actos de violencia como un calentamiento antes de las elecciones presidenciales”, subrayó.
España: la vivienda, foco de protesta
En España, a su vez, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales motivos de la protesta. El aumento de los alquileres, la insuficiencia de la oferta en las zonas de mayor demanda y las dificultades de los jóvenes y de las familias con ingresos medios y bajos para acceder a un hogar han alimentado las movilizaciones.
Miles de personas han salido a las calles de Madrid y otras ciudades para condenar que el Congreso rechazara medidas urgentes promovidas por el Gobierno para aliviar las dificultades de los inquilinos, entre ellas disposiciones destinadas a facilitar la prórroga de contratos de alquiler.
La controversia se intensificó tras el desalojo en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, un caso que provocó indignación y reabrió el debate sobre la protección de las personas vulnerables frente a la inseguridad habitacional. Tras ser desalojada de su casa, Maricarmen murió en un hospital.
La crisis de vivienda en España resultó en detonante principal del llamado a próximas elecciones generales anticipadas, que se celebrarán el 29 de noviembre de 2026, luego de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufrió un grave revés parlamentario al ser tumbados dos decretos leyes clave en materia habitacional.
Argentina: ajuste de Milei choca con la universidad pública
En Argentina, las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei han provocado nuevos enfrentamientos entre el Gobierno y sectores que denuncian el deterioro del financiamiento de los servicios públicos.
El 15 de octubre se registraron protestas en Buenos Aires contra los recortes y las dificultades presupuestarias que afectan a las instituciones públicas. Al día siguiente, estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron en las principales ciudades del país para exigir que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025, y transfiera los recursos reclamados por las universidades.
La protesta reunió a integrantes de la comunidad académica, sindical y otros sectores sociales que denuncian la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la insuficiencia de los presupuestos y las dificultades para sostener el funcionamiento de todos los entes públicos.
El Gobierno de Milei defiende la reducción del gasto público como parte de su estrategia para equilibrar las cuentas del Estado y mejorar una economía que, según la última encuesta de la firma AtlasIntel, revela un dato crítico: 7 de cada 10 argentinos la consideran sencillamente mala.
La magnitud de las movilizaciones también demuestra que la universidad pública conserva una importante capacidad de convocatoria. La defensa del financiamiento educativo ha logrado reunir a estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones que no necesariamente comparten una misma posición sobre el conjunto de las políticas del Gobierno .INFORMACION DE ACENTO.COM
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