El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió este miércoles la medida de coerción al exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir US$10,000 a cambio de supuestamente favorecer a una persona vinculada a una investigación por corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El juez Raymundo Mejía le impuso una garantía económica de RD$1 millón, bajo la modalidad de contrato con una compañía aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.Valdez Alcántara, quien cumplía prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, fue enviado a juicio de fondo, donde serán conocidas las pruebas admitidas y los argumentos de las partes.
El exfiscal llevaba varios meses privado de libertad. En mayo se le impuso prisión preventiva por tres meses, medida que posteriormente fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Acusación por soborno
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las autoridades coordinaron una entrega controlada de US$10,000 el 27 de marzo de 2026, tras la cual Valdez Alcántara fue arrestado.
La Fiscalía sostiene que el dinero habría sido solicitado y recibido para beneficiar a una persona relacionada con una investigación por corrupción en Senasa.
Tras la decisión de este miércoles, el fiscal Eduardo Velázquez afirmó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son sólidas y que serán utilizadas para demostrar la responsabilidad del imputado.“Lo más importante es que el juez consideró el caso como un hecho grave”, expresó Velázquez.
La defensa, en cambio, sostuvo que la prisión preventiva impuesta a Valdez Alcántara era innecesaria desde el inicio.
El exfiscal renunció a su cargo, con lo que perdió el privilegio de jurisdicción que tenía por su condición, y pasó a ser procesado por la justicia ordinaria.
Además de la acusación relacionada con el supuesto soborno, el Ministerio Público le atribuye otros hechos, entre ellos lavado de activos vinculado a fondos de origen ilícito, conforme a la acusación depositada en su contra.
El órgano acusador sostiene que los hechos atribuidos al exfiscal violan disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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