Recesan para el próximo 14 de octubre juicio de fondo contra implicados en caso Calamar

 

La decisión fue tomada después de que la magistrada Arlin Ventura, quien preside el tribunal, explicó que esperan que se “precisen” los procesos de salud en los que se encuentran los imputados Rafael Calderón, exsenador de la provincia Azua y de Daniel Caamaño, excontralor de la República.

Donald Guerrero, exministro de hacienda implicado en el caso Calamar.LEONEL MATOS                                 El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó para el próximo miércoles 14 de octubre el juicio de fondo contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros implicados en el caso Calamar.

La magistrada Arlin Ventura, quien preside el tribunal, explicó que esperan que se “precisen” los procesos de salud en los que se encuentran los imputados Rafael Calderón, exsenador de la provincia Azua y de Daniel Caamaño, excontralor de la República.

Además, explicó que todavía no se encuentra en condiciones de conocer la solicitud de extinción penal hecha por Calderón, debido a que todavía debe evaluar la resolución tomada por la Corte de Apelación.

También aclaró que ambas partes, acusadora y defensora, tendrán la oportunidad de considerar la posibilidad de separar del juicio los expedientes de los dos acusados que han retrasado el proceso por sus condiciones de salud.

El envío a juicio de fondo fue dispuesto previamente por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, al validar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.

En el caso figuran además como acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández.

Igualmente, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.

Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.

De acuerdo al Ministerio Público, la red desmantelanda habría desviado más 19,000 millones de pesos a través de la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y el cobro irregular sobre juegos de azar para financiar la campaña política del año 2020.